Jueces informarán casos sobre DDHH

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso un plazo de 10 días para que todos los jueces penales informen respecto a los casos excluidos de la ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que se tramitan en sus respectivas sedes, y la situación actual de esos expedientes.

La disposición de la SCJ procura dar cumplimiento a las recomendaciones que le fueran formuladas al Estado uruguayo por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco del proceso contra la Ley de Caducidad, suscitado por el secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman.

La circular Nº 4/2009 de la SCJ solicita «a todos los jueces letrados con competencia penal, que en un plazo de diez días informen sobre: la existencia de procesos iniciados respecto de casos excluidos de la Ley Nº 15.848 en sus respectivos juzgados, y sobre la situación procesal de los referidos procesos». La resolución fue emitida el pasado miércoles 4 de febrero.

El informe 32/08 de la CIDH estableció ciertas recomendaciones al Estado uruguayo, entre las cuales se encuentra informar sobre la situación de estas causas. El pedido de la CIDH procura determinar el actual desarrollo de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar, dentro del marco de vigencia de la Ley de Caducidad.

Nueva interpretación

Las investigaciones judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura encontraron una muralla insalvable en la Ley de Caducidad. La ley promovió la amnistía de los militares partícipes en los operativos.

La normativa impedía la indagatoria de militares, pero no de civiles, por lo cual se sustanciaron los procesos que culminaron con los procesamientos del ex dictador Juan María Bordaberry y del ex canciller de la dictadura, Juan Carlos Blanco. Sin embargo, el gobierno de Tabaré Vázquez concedió una nueva interpretación de la norma la que permitió extender la investigación de las violaciones de derechos humanos cometidos en ese período histórico.

Una decena de casos fueron excluidos de la norma y actualmente se tramitan en los Juzgados Penales, entre ellos, el secuestro y desaparición de la maestra Elena Quinteros; las muertes de Ramón Peré, Horacio Ramos, Hugo Leonardo de los Santos y Héctor Castagnetto; el traslado clandestino de presos políticos en 1978; el caso «Fusilados de Soca» y el caso «Segundo Vuelo».

Sin embargo, la interpretación de la ley por parte de jueces y fiscales provocó el archivo de las causas por las cuales se indagaban los asesinatos de Laura Raggio, Silvia Reyes y Diana Maidanick; y la muerte de Nuble Donato Yic dentro de una unidad militar.

Asimismo, la imposibilidad de investigar la muerte de la militante de la UJC Nibia Sabalsagaray determinó que la fiscal Mirtha Guianze interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caducidad, actualmente a estudio de la SCJ.