Justicia definía si remitía a prisión a ex espía argentino

Al cierre de esta edición, la jueza especializada en crimen organizado Graciela Gatti y la fiscal Ana María Tellechea proseguían, a ritmo febril, el interrogatorio al ex espía argentino Iván Velázquez, que podía concluir con su procesamiento con prisión.

Velázquez, un ex agente de inteligencia integrante de los cuadros del SIDE en el vecino país, era indagado por el presunto acceso indebido a información privilegiada perteneciente a la Jefatura de Policía de Montevideo.

Este ciudadano argentino, experto en informática, fue procesado sin prisión por los delitos de cohecho simple, y coautor de un delito de uso indebido de información.

Según trascendió, la jueza Gatti ordenó nuevamente su detención para interrogarlo sobre la entrega a la policía uruguaya de un programa de registro de armas, en virtud de lo cual, habría tenido acceso a información de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Velázquez huyó a Uruguay donde pidió asilo político tras señalar que era miembro de los servicios de Inteligencia argentinos y advirtió que era perseguido porque le habían ordenado espiar a jerarcas del gobierno del país vecino y se había negado.

La Justicia de su país requirió a Uruguay su captura con fines de extradición, acusado de violar el artículo 222 del Código Penal argentino que señala que incurre en delito aquel que «revele secretos políticos o militares concernientes a la seguridad, medios de defensa o a las relaciones exteriores de otra nación».

En Argentina, el experto informático interceptó mails de unas 600 cuentas de correo de políticos y empresarios argentinos, pero además obtuvo la contraseña de 50 cuentas de políticos e instituciones uruguayas.

Velázquez utilizaba el phi-shing (clonación de una página web de correo) para obtener la contraseña de un usuario. Dentro de sus objetivos se encontraba interceptar otras 300 cuentas de internautas uruguayos entre los que se destacaban dirigentes del Frente Amplio y periodistas.

Sin embargo, también ingresó en cuentas personales de uruguayos al obtener sus contraseñas de Hotmail, Gmail y Adinet usando la misma modalidad.

Según las fuentes, el hacker argentino también espió casillas de correo de empresarios uruguayos para conocer sus relaciones políticas durante la campaña preelectoral.

La Policía estima que pretendía vender esa información a sectores políticos.

Velázquez interpuso, a través de su abogado, el doctor Enrique Moller, una acción de amparo que aún está dilucidándose. Mientras este pedido era analizado, fue detenido por el Departamento de Delitos Informáticos de la Jefatura de Montevideo por haber pagado una «coima» a un funcionario de Migraciones para destruir un expediente donde solicitaba la ciudadanía uruguaya e iniciar otro.

En un principio, el hacker argentino negó haber efectuado esos pagos. Sin embargo, las pruebas reunidas por los policías permitieron establecer que habría entregado hasta 700 dólares estadounidenses al funcionario de Migraciones.