Malestar en Aduana con  la Justicia

Un hondo malestar generó, a nivel de los funcionarios de Aduana de la Receptoría salteña, la resolución judicial que dejó en libertad a dos paraguayos, quienes portaban armas de uso prohibido en Uruguay, en un vehículo con matrícula guaraní, bajo el argumento de que eran custodias de un acaudalado millonario asunceño que veraneaba en Punta del Este.

Días atrás LA REPUBLICA daba a conocer un procedimiento en virtud del cual, funcionarios de Aduana apostados en el Puente Internacional de Salto Grande, descubrieron, en un moderno rodado, dos armas de alto calibre y cuyo uso está prohibido a civiles en el Uruguay. Quienes viajaban en el rodado adujeron ser guardaespaldas de un millonario paraguayo que se encontraba veraneando en el balneario fernandino. Las armas que transportaban eran un subfusil ametrallador Uzzi y un revólver calibre 38, que venían escondidos debajo del asiento.

Los paraguayos demorados no tenían documentación de las armas ni permiso de porte de las mismas; ni las armas ni el vehículo estaban declarados como robados y se confirmó telefónicamente la versión de que los dos paraguayos eran guardaespaldas del millonario guaraní. Tampoco estos últimos tenían antecedentes penales ni requisitoria de Interpol. Al ser informada la magistrada de Feria, doctora Isaura Tórtora, dispuso que se les permitiera seguir viaje en el vehículo y que las armas quedaran en custodia de la Aduana, las cuales serían devueltas si presentaban la documentación probatoria de la propiedad.

La decisión de la magistrada causó extrañeza y cierto malestar en el ámbito de la Aduana, ya que circular con armas de guerra por el territorio nacional, sin la debida autorización del Ministerio del Interior, constituye un delito en Uruguay. Los portadores de las armas no fueron siquiera emplazados ante el juzgado para dar explicaciones al respecto y tampoco lo fue quien dijo ser el empleador de los autodenominados guardaespaldas.

Fuentes de la Receptoría salteña dijeron a LA REPUBLICA que «ese mismo día se detuvo a una persona a la cual se le incautaron joyas de alto valor, sin declarar, quien adujo que las traía a Uruguay para hacer un regalo. A esa persona se la emplazó y tuvo que presentarse dos días después ante el juzgado. La indignación de la persona, un abogado, también paraguayo, era patente al expresar: ‘a mi se me emplaza ante el juzgado por traer joyas y a dos personas que pasan con armas de guerra se los deja seguir. Yo no entiendo por qué se hace esa diferencia’.».

LA REPUBLICA trató de comunicarse con la doctora Isaura Tórtora en la sede penal salteña, para que explicara las razones de su resolución, pero no fue posible localizarla.