Militares chilenos,  acusados por "secuestro" de tres uruguayos

La Justicia de Chile procesó a dos oficiales (el general (r) Francisco Martínez y el ex brigadier Lander Uriarte) y un suboficial de la Inteligencia chilena como autores del «secuestro calificado», de tres ciudadanos uruguayos, hoy desaparecidos, en 1973. La orden de captura contra los militares aún no se hizo efectiva.

La resolución del ministro Joaquín Villard, conocida la semana pasada, se enmarca en el proceso por la desaparición de los uruguayos Enrique Pagardoy, Juan Antonio Povaschuck y Ariel Arcos, señaló el abogado del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, Christián Cruz a LA REPUBLICA.

Los tres militantes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) se encontraban en Chile colaborando con el gobierno de Salvador Allende.

Sin embargo, los primeros secuestros de uruguayos en Chile, tras el advenimiento del golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, implicó el retiro de este grupo hacia la Cordillera de los Andes, para ingresar «a pie» a la República Argentina.

Los militantes acamparon en una mina abondonada cercana al Cajón del Maipo, en el sur de la zona cordillerana, pero fueron detenidos por oficiales de carabineros y entregados al entonces Regimiento de Ferrocarriles en Puente Alto, último destino conocido de los tres uruguayos.

El grupo era integrado además por otros cuatro militantes del MLN, dos hombres y dos mujeres, quienes fueron trasladados al Estadio Nacional de Santiago y liberados tras las gestiones del entonces embajador de Suecia en Chile, expresó Cruz.

El reciente procesamiento se suma al dispuesto oportunamente contra el entonces comandante del Regimiento Puente Alto, Mateo Durruty Blanco, también procesado por «secuestro calificado».

La investigación «está bastante avanzada, en cuanto a determinar el universo de responsables» de estos crímenes. Puente Alto fue «un campo de concentración a menor escala de la zona sur de Santiago» y se busca determinar responsables, mandos medios y militares que actuaron directamente en «la aprehensión, mantención, secuestro, tortura y definiendo el destino de los cuerpos» de los ciudadanos desaparecidos, indicó Cruz. Sin embargo, «es difícil avanzar en el destino final de las víctimas», expresó el abogado.