Piden incorporar a víctimas de la guerrilla

El diputado colorado Daniel García Pintos anunció que insistirá ante el Poder Ejecutivo para que algo más de 140 personas, que según sus datos fueron víctimas de la acción de la guerrilla durante la pasada dictadura cívico militar, sean incluidas en la futura ley de reparación integral y, en consecuencia, resarcidas monetariamente. «Desde el retorno a la democracia, el Estado destinó 100 millones de dólares para resarcir a las víctimas de un solo bando y la cancha está algo despareja», subrayó el representante que ayer, junto a integrantes de la Asociación Patriótica 14 de Abril de 1972, brindó una conferencia de prensa en el anexo del Palacio Legislativo, para anunciar su disconformidad con la forma en que el Estado piensa reparar a las víctimas del terrorismo. García Pintos presentó, el 11 de enero de 2006, un anteproyecto de ley por el cual se proponía una indemnización de 150 mil dólares a las personas que habían sufrido alguna consecuencia por la acción de la guerrilla. El proyecto lo había recogido el presidente Tabaré Vázquez, pero luego de algunas negociaciones no prosperó en su análisis legislativo. García Pintos acusó a las organizaciones de DDHH de «quebrar» su proyecto de ley. «Vamos a hablar con el presidente Vázquez para replantear nuestro proyecto. No es cristiano ni de buen oriental sembrar el odio y echar sal en las heridas de hace 40 años», dijo. «Este diputado mezcla aserrín con pan rallado. Es claro que estamos en campaña electoral», dijo la senadora Topolansky, consultada sobre si la inminente ley de reparación integral se basaba en aquel proyecto de García Pintos, descartando de plano esa posibilidad. «No es cierto que las víctimas de la subversión no hayan sido ya reparadas. Durante la dictadura, algunos se vieron beneficiados con viviendas», dijo, por su parte, la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier.

García Pintos también resaltó la figura del general Fructuoso Rivera y criticó la posibilidad de que se recuerde la fecha de la matanza de Salsipuedes como el primer genocidio del Estado contra la población.