Reparación: "Será una ley innovadora y polémica, y su objetivo es político"

Respecto a lo de polémica, ayer se conoció una primera reacción desde el Partido Colorado (ver recuadro aparte). El reconocimiento y el perdón por parte del Estado de haber utilizado el aparato para reprimir «es lo único firme que tendrá la ley».

Este concepto pertenece a la senadora del MPP, Lucía Topolansky, que ayer fue consultada por este diario sobre el contenido primario y general de la inminente ley de reparación integral, con la que se buscará resarcir a las víctimas del terrorismo del Estado como únicos y exclusivos beneficiarios de la reparación. Repetimos: sólo se contemplarán a las víctimas del terrorismo del Estado en el proyecto que en marzo estaría llegando al parlamento para su análisis.

El mea culpa que el Estado incluirá en el articulado por su responsabilidad en la represión civil, por la persecución ideológica, por las torturas, «es lo único firme que tendrá la ley. Ese es el objetivo político», resaltó la legisladora Topolansky quien, como el resto de los parlamentarios del Frente Amplio que han participado en la redacción y remisión de este borrador que desde fines del pasado mes de diciembre está en manos del Poder Ejecutivo, está a la espera de una reunión con los representantes del gobierno para ponerle el punto final al anteproyecto, con el fin de que esté en condiciones de ingresar a su estudio legislativo. Esa instancia se estaría concretando en un día a fijar durante la segunda quincena de febrero próximo. «Estamos hablando únicamente de las víctimas del terrorismo de Estado» como foco excluyente de las reparaciones, subrayó la senadora del MPP. Como se informara en este diario el pasado viernes 2 de este mes, las reparaciones que incluirá la ley en cuestión serán tanto económicas como asistenciales. Sobre esto último, se piensa en salud mental e integral. En cuanto al monto que cada víctima o familiar de víctima del terrorismo de Estado recibirá, la senadora Topolansky dijo desconocer la cifra, aunque adelantó que para este tipo de casos indemnizatorios, las organizaciones internacionales «ya tienen una tarifa establecida, cosa a la que yo me niego rotundamente». La palabra final la fijará el Poder Ejecutivo a través de los delegados de la Presidencia de la República y de los ministerios de Economía, Trabajo y Relaciones Exteriores.

Acerca de las reparaciones, la senadora emepepista detalló que el universo de víctimas es tan amplio y tan complejo que «seguramente no vamos a poder saldar todas las deudas que el Estado tiene con la ciudadanía. Tendríamos que sumar los 3 millones y pico de uruguayos, restarles los represores y ahí sí llegaríamos a la cifra de personas a resarcir, porque todos, de una manera u otra, han sufrido el terrorismo de Estado».

A manera de ejemplo, Topolansky recordó el caso de expropiación del inmueble contiguo a la sede del Ministerio de Defensa que tenían los residentes de Tacuarembó y que hasta el momento no se les ha devuelto. «Ese sería un caso a contemplar y otro muy diferente es el de los niños secuestrados a los que se les ha robado su identidad», subrayó. La inminente ley tiene dos áreas muy claras.

La primera establecerá que aquellos ciudadanos que de alguna manera ya han sido resarcidos ­casos de la ley Nº 18.033 o el de los funcionarios públicos restituidos­ no estarán incluidos en la futura, y no recibirán monto reparatorio ni asistencia médica. El otro aspecto novedoso es que la ley tomará dos períodos de la historia reciente y no solamente aquel que va desde el 9 de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985. «Se abarcará también a las víctimas que hubo entre el 16 de junio de 1968 y hasta el 26 de junio de 1973, porque hay que partir de la base de que antes del golpe de Estado no vivíamos en una democracia plena y sólida, sino que habían persecuciones, censuras y asesinatos. Hubo antecedentes de actos preparatorios bajo el mandato de (Jorge) Pacheco Areco, que adobaron lo que vino después», destacó Topolansky.

La fecha 11 de abril, manejada en el proyecto como «Día nacional de la memoria», recuerda el exterminio de charrúas en Salsipuedes, primera experiencia de crímenes por parte del Estado. Es la fecha que más aceptación ha recogido y será el Poder Ejecutivo quien tenga la última palabra. Otras fechas alusivas que se manejaron fueron el 20 de mayo y el 14 de marzo, ésta última, «Día del liberado».