Desde 1985, cinco leyes  reparatorias

Desde el retorno a la democracia, en 1985, a la fecha, el Estado uruguayo promulgó cinco leyes reparatorias a víctimas de la dictadura militar: la Ley Nº 15.737, la Ley Nº 15.783, la Ley Nº 17.449, la Ley Nº 17.949 y, más recientemente, la ley jubilatoria, Nº 18.033. «Pero el país está en debe con ese universo de uruguayos que de una forma u otra no estaban amparados en las normas sancionadas» sostuvo anoche a este diario la senadora Margarita Percovich «por lo que, con esta ley de reparación integral se abarcará a los familiares de los detenidos desaparecidos, a los niños que fueron secuestrados, a los familiares de los asesinados, a los que debieron vivir en la clandestinidad», remarcó. La legisladora señaló que «durante un año hemos estado recibiendo el pedido de varias organizaciones que nuclean a víctimas de la dictadura» en el sentido de contemplar cientos de casos de personas que hoy sufren las secuelas de aquellos años. Un aspecto importante a tener en cuenta para la redacción de la ley es quién es el que debe reparar. «Quien causó el daño es el Estado, y quien lo repara es el Estado, independientemente a través de quién se exprese o quiénes sean los gobiernos de turno» señaló López Goldaracena el pasado 23 de abril en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En general, en el material presentado al parlamento por las organizaciones de ex víctimas de la represión se articulan las propuestas de indemnización para presos políticos, indemnización para familiares de presos políticos que fallecieron durante la detención, indemnización para familiares de presos políticos fallecidos luego de recuperada la libertad, indemnización para familiares de fallecidos a raíz o en ocasión del accionar de grupos represivos, indemnización por lesiones sufridas en ocasión del accionar de agentes del Estado. También se abarca el tema de los desaparecidos pero, con una precisión importante: quien tiene derecho a la reparación es la persona desaparecida. «Es una forma de dignificación y es un reconocimiento de la situación actual, pues estas personas siguen desaparecidas. Si hay indemnización la cobrarán sus causahabientes, pero el titular del derecho sigue siendo la persona» destacó Goldaracena.