Entrevista. Doctor Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia

Avance en la integración implica "resignar un poco de soberanía"

Ruibal Pino participó el pasado 21 de noviembre en el VI Encuentro de Cortes Supremas del Mercosur, desarrollado en Brasilia, donde se debatió la creación de un Tribunal de carácter «supranacional e independiente», con vistas a analizar las controversias de «carácter comercial, aduaneras o jurídicas» que puedan existir entre los países del bloque.

La propuesta debatida por los principales representantes de los poderes judiciales de los países del bloque y países asociados fue la reformulación del Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del Mercosur, por un «Tribunal del Mercosur», «con decisión inapelable y obligación» de ser cumplida, explicó Ruibal a LA REPUBLICA.

El TPR fue creado en 2002, y comenzó a funcionar recién en 2004, cuando Brasil ratificó su adhesión al acuerdo. El nuevo organismo a crearse, sin embargo, tendría otra «importancia» e «incidencia en las decisiones de los países» del bloque.

La mesa de debate desarrollada en Brasilia sobre la creación del Tribunal del Mercosur contó con la participación de Ruibal Pino, del presidente del TPR, Joao Grandino Rodas y del profesor de la Universidad Austral de Argentina y especialista en Derecho Internacional, Alejandro Perotti.

-En mi caso, di una versión sobre la historia del TPR, cómo se había producido una serie de encuentros entre los cuatro países tratando de encontrar fórmulas más definidas y permanentes de definir controversias. Primero, era únicamente la negociación directa entre países, y alguna recomendación del Grupo Mercado Común, que es un organismo del Mercosur. Después, se crearon los Tribunales Ad-Hoc, que se formaban para el caso concreto. Hasta que llegado el Protocolo de Olivos se creó el TPR.

Mi idea es que los países van hacia un tribunal más supranacional y menos intergubernamental. Más independiente de los países y dependiente de la verdadera comunidad. Esa es mi idea.

La idea del presidente del TPR será porque se ha golpeado muchas veces, es que los países tienen cierta resistencia a caminar hacia esa etapa que yo mencioné.

­ ¿Por qué la importancia de un organismo supranacional, en este caso el Tribunal del Mercosur?

­La importancia es que tendría otra incidencia en las decisiones de los países. O sea, cada país tiene que resignar un poco de su soberanía si queremos entrar en un acuerdo regional como, por ejemplo, la Comunidad Europea.

Tenemos que aceptar que un órgano supranacional, que no tiene que ver con la soberanía de los países ni con la definición de los gobiernos, encuentre soluciones a las controversias entre los países. Controversias, por ejemplo, de carácter comercial, de carácter aduanero, de modo que esa parte de la soberanía, en lo que tiene que ver con la normativa regional, la tenemos que resignar.

­ ¿Cuáles serían las atribuciones de este Tribunal del Mercosur?

­Bueno, el Tribunal aún no está creado, es simplemente una idea, pero sería como lo presentó el profesor de la Universidad argentina (Poretti). Lo presentó como un Tribunal regional de Justicia, es decir, un Tribunal que tenga atribuciones para decidir todas las controversias entre los países por razones comerciales, aduaneras, cualquier razón jurídica, con decisión inapelable y con obligación de ser cumplida por cada país.

­ Imagino que se requiere un marco normativo interno en cada país para crear un Tribunal de estas características, ¿han existido contactos con el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, a estos efectos?

­Normalmente lo que se hace es llegar a una declaración final.

En esa declaración se incluyó la intención o la idea de los poderes judiciales del Mercosur de caminar hacia un Tribunal de Justicia permanente, que sea un poco más profundo que el Mercosur, pero necesariamente necesita un marco normativo supranacional y un marco normativo nacional que avale lo cumplido en esa etapa supranacional.

­ Pero, ¿los contactos ya han existido?

­No, por el momento no hay contactos con los gobiernos de cada país, pero en el caso de Brasil, que fue donde se hizo la reunión, estuvo el ministro de Relaciones Exteriores abriendo el Encuentro, de modo que conoce las intervenciones de los poderes judiciales del Mercosur.

 

­ ¿Estima que políticamente pueden existir resistencias a la creación de un Tribunal de esas características, por lo que usted dice que los países deberían resignar parte de su soberanía?

­Estimo que sí. Yo soy solamente un miembro de una institución, que no es una institución de gobierno, sino que es una institución que define políticas en la Justicia y nada más que en la Justicia. Pero creo que sí.

Políticamente todavía hay cierta resistencia en prestarse a un acuerdo regional más profundo.

Acuerdo regional. Hay acuerdo en la necesidad de crear un «tribunal supranacional con decisión inapelable y con obligación de ser cumplida por cada país».
Resistencias. Ruibal reconoció que a nivel político la iniciativa no recoge simpatías.

 

Elaboran normas comunitarias

 

Derechos en el Mercosur

­También existió en ese encuentro un tema muy importante referido a la «Carta de Derechos Fundamentales del Mercosur», todo lo relacionado con derechos humanos y la creación de grupos de trabajo en ese sentido, ¿qué es lo que se pretende abordar en el Poder Judicial en ese tema específicamente?

­Lo que se pretende es formular una lista de derechos fundamentales de las personas dentro del régimen comunitario, no los que tengan en cada país porque esos ya están contemplados en las respectivas constituciones, sino elaborar normas comunitarias que protejan los derechos humanos de la comunidad.

Esa normativa programática que elaboraran los poderes judiciales, será presentada a los ministros de Relaciones Exteriores, para, si lo creen correspondiente, incluirlo en nuevos acuerdos internacionales.

 

­¿Cómo será la mecánica de trabajo de esas mesas?

­En principio, cada país tiene la obligación de reunir una comisión y hacer su elaboración para después, en la próxima reunión juntarse y elaborar la carta definitiva.

 

CELERIDAD Y GARANTIAS

­La celeridad del proceso, ¿puede atentar contra las garantías del ciudadano extraditado?

­No, porque justamente el país donde se detiene a la persona, que está bajo una orden de detención, debe cumplir con todas las garantías. Ponerle un defensor y escucharlo, porque tal vez la persona quiera ir y que la Justicia lo investigue.

Si no quiere ir, va a tener su defensor y va a poder defenderse, pero en un proceso muy abreviado. Porque no se puede ingresar en si la orden es justa o injusta. El país al que le llegue una orden de ese tipo lo único que puede examinar es si se han cumplido con los requisitos que marcan las normas comunitarias, y por supuesto darle las garantías al detenido.

De modo que este trámite, cumplido las garantías del detenido, no puede demorar más de un mes, o un poco más. Obviamente esto se definiría en la jurisdicción interna de cada país.

Naturalmente (este proceso) es una norma programática de los poderes judiciales, que necesita una sanción comunitaria y una sanción nacional.

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