30 trabajadores en 250 aprobaron paros distorsionantes en Canal 5

Una esmirriada asamblea de 15 trabajadores a las 11 horas de ayer y otra a las 18 horas con similar quórum, en un total de 250 funcionarios, decretó ayer la profundización de las medidas de lucha distorsionantes para paralizar a la televisión pública, Canal 5, el canal propiedad de todos los uruguayos. La radicalización del conflicto fue adoptada por ese pequeño grupo que responde al sindicato ATTN, que no es integrado por los periodistas, ante la negativa del Presidente de la República a firmar una fe de errata que implicaría dar marcha atrás con el decreto del 9 de setiembre último y su ratificación parlamentaria al día siguiente, por el cual quedaba aprobada la nueva estructura de la televisión estatal. Las nuevas medidas de fuerza implican paros sorpresivos y distorsionantes de 6 horas por día, aplicadas a razón de una hora y media en cada uno de los cuatro turnos de seis horas de trabajo en los que se divide la actividad de la emisora pública. De acuerdo a lo trascendido en fuentes gubernamentales el Presidente de la República no dará marcha atrás en su decreto reestructura, aprobado por el Parlamento, porque la reconsideración sería inconstitucional en la medida que el plazo de 45 días permitido por la Carta Magna venció el 24 de octubre pasado y porque «por la fuerza el Presidente no negocia». Por otra parte las mismas fuentes consignaron que la estructura aprobada para la Televisión Nacional no será modificada porque «es totalmente coherente con la «Misión, Visión y Objetivos Estratégicos», que fueron acordados por todas las partes en forma unánime. «Esos objetivos implican necesariamente tanto la creación del Departamento de Ingeniería como la jerarquización del área de prensa como División, como corolario lógico contenidos en esos objetivos, que por otra parte no implican ni la creación de nuevos cargos ni transformaciones de vacantes respetando lo acordado, ni tampoco alterando los derechos adquiridos de los funcionarios», explicaron los informantes. Las fuentes del canal estatal consultadas afirmaron a LA REPUBLICA que no «existe ninguna fe de errata, o error en el acuerdo ya que lo firmado entre sindicato y dirección surgió de un largo proceso de negociación en el cual ambas partes cedieron posiciones y en el caso de la creación de la División Técnica y la División de Prensa, que este grupo de trabajadores intenta eliminar violando la Constitución, no hubo acuerdo y por lo tanto no se trata de un error sino de un desacuerdo, donde el Estado mantuvo su criterio, dentro de sus facultades legales, cediendo en otros aspectos». «Y si no hay error, no puede existir fe de errata y si no existe fe de errata, sólo resta modificar el decreto y modificarlo ahora implicaría violar los plazos que establece la Constitución», afirmaron las fuentes legales consultadas.