Rechazo a un TLC con EEUU fue el punto que generó mayor debate

El congreso del Frente Amplio (FA) aprobó este fin de semana los distintos capítulos que compondrán el programa de la fuerza política de cara a las elecciones nacionales de octubre de 2009.

Las grandes líneas programáticas recogen los logros del actual gobierno, pero marcan puntos de profundización en los aspectos que apuntan al desarrollo productivo, la inserción regional y profundización de los derechos humanos.

Con una hora de atraso, pasadas las 10 horas, la ministra Daisy Tourné instaló la mesa que guiaría la votación de los informes de las comisiones Uruguay Democrático, Uruguay Integrado, Uruguay Productivo y Uruguay Innovador, Iniciativas y Propuestas e Introducción a la Plataforma Electoral.

Dentro de las modificaciones aprobadas para el capítulo de Uruguay Democrático, hubo un claro énfasis en las políticas de derechos. En ese sentido, se aprobó por abrumadora mayoría (sólo cinco personas votaron negativamente la propuesta) promover la anulación de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La moción propuesta por la comisión tuvo que ser reconsiderada, tras quejas de congresales por el conteo realizado y las dificultades generadas por problemas en el audio. De todas formas, la moción fue nuevamente ratificada por amplia mayoría en el Congreso, y aclamada con uno de los primeros aplausos de la jornada.

En cuanto a la búsqueda de los restos de los desaparecidos, el capítulo propone la creación de una institución, «dotada de los recursos materiales y humanos suficientes», que cumpla tal fin. También se incluye la creación de una secretaría de Estado especializada en derechos humanos, «responsable de garantizar el acceso a la justicia, al Estado de Derecho y la seguridad jurídica».

En lo relativo a la Justicia, el Congreso aprobó sugerir la creación de un Ministerio de Justicia, así como la creación de un tribunal que intervenga en las acciones de inconstitucionalidad.

Otro de los agregados en Uruguay Democrático promueve las políticas «tendientes a recuperar el terreno avanzado en materia legal para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas», entendido como la presentación, nuevamente, del proyecto de ley que despenaliza el aborto, vetado por el presidente Tabaré Vázquez.

También establece la convocatoria a una Convención Nacional Constituyente para concretar la reforma de la Constitución, dentro del primer año de gobierno. Uno de los temas más polémicos durante la votación de las modificaciones en el capítulo Uruguay Integrado fue una propuesta alternativa sobre la firma de acuerdos económicos con Estados Unidos.

El documento elaborado por la comisión de Programa incluía el rechazo a la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) en las mismas condiciones en las que Estados Unidos firmó con Perú o propuso a Colombia. A su vez, el texto establece que las condiciones referidas a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios y barreras técnicas de comercio «tampoco son aceptables» en el marco de acuerdos TIFA o similares.

Sin embargo, con la aprobación de la mayoría de la comisión, se propuso una moción que consideraba incompatible «con las necesidades y los objetivos de desarrollo nacional y regional» todo tratado de libre comercio o similares con los Estados Unidos.

El diputado de Asamblea Uruguay, Carlos Baráibar, fundamentó a favor del primer texto, señalando que defender el interés nacional «es negociar con todos aquellos que sea conveniente», y otro congresal señaló que «maniatarse de esa forma era un disparate». La misma Daisy Tourné dijo fuera de micrófonos, aunque se alcanzó a oir, que consideraba «un absoluto disparate» no hacer acuerdos comerciales de ningún tipo con Estados Unidos.

Finalmente, con 1.455 votos en un total de 2.182, fue aprobado el texto tal cual fue elaborado en la comisión de Programa.

El Congreso aprobó el «retiro progresivo» de las tropas uruguayas en Haití.

A su vez se rechazó la concreción de acuerdos económicos y políticos con Colombia mientras el gobierno de Alvaro Uribe mantenga una política de «agresión hacia otros países de Latinoamérica».

En el marco de la integración regional, se aprobó un claro impulso a la Unasur y a la integración al eje energético Venezuela-Bolivia-Ecuador-Brasil.

También se promoverá, en el marco de la Unasur, el inicio de gestiones por la renegociación de la deuda externa en «condiciones justas».

El sábado, en la comisión Uruguay Social, un comité de base planteó una moción que incluyera la derogación de las AFAP, lo que finalmente fue descartado.