Archivo de la Memoria ya es ley

El encabezamiento de esta crónica quizá llame al error al advertirse que existió ayer en la Cámara baja una abrumadora mayoría a favor de crear el Archivo de la Memoria. Tal vez se piense que su sanción discurrió por los andariveles de la concordia interpartidaria, ayuna de debate y de discusiones.

Nada más alejado de lo que realmente aconteció. Los hechos ocurridos durante la dictadura militar, las responsabilidades de cada sector político, el papel que cada uno de éstos jugó en los 12 años de ostracismo y el rol del actual Poder Ejecutivo en materia de Derechos Humanos develó que, pese a los 35 años transcurridos desde aquel en el que se produjo el quiebre institucional, las heridas en el ámbito político por excelencia, como lo es el Parlamento, siguen abiertas. De no ser por algunas intervenciones de legisladores del gobierno que apuntaron y finalmente lograron apaciguar ánimos que esbozaban enfrentamientos casi encarnizados, la sesión iba a ir directamente y sin escalas al fracaso legislativo. Para llegar a lo que fue la sanción de este Archivo de la Memoria hay que apelar a la memoria, valga la redundancia. El trámite se inició hace casi un año y medio en la misma Comisión de Derechos Humanos de Diputados cuando Gonzalo Fernández, entonces secretario de la Presidencia y la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berruti confirmaban la noticia del hallazgo de un volumen importante de microfilmes que pertenecieron al aparato represivo de la dictadura, en un abandonado escritorio de una dependencia militar ubicada en las calles República y Dante. Berrutti decía que su desclasificación iba a demandar mucho esfuerzo y prometía al mismo tiempo el mayor de los celos en cuanto a su contenido. Hoy se sigue trabajando en ello y se desconoce su entramado.

 

El debate

Luego del informe sobre el proyecto que hicieron Daniela Paysée (Asamblea Uruguay), Alba Cocco (Partido Socialista) y Gonzalo Novales (Alianza Nacional), como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, sobrevinieron las recriminaciones entre unos y otros. Federico Casaretto (Alianza Nacional) cuestionó al gobierno y lo acusó de «ocultarle información a los partidos políticos sobre el contenido de los archivos», tanto de los microfilmados como los que provinieron de los Estados Unidos y tienen que ver con casos de atentados a dirigentes nacionalistas. El socialista Gustavo Bernini no demoró en salirle al cruce a las acusaciones de Casaretto y le enrostró que «en 20 años de gobiernos de partidos tradicionales nada se hizo» por tratar de conocer la suerte de los detenidos desaparecidos. «A algunos les vino la memoria en el año 2005″, disparó y el aire de la sala de sesiones comenzó a enrarecerse.

El también blanco Sergio Botana se encargó de adobar el encrespamiento que estaba emergiendo lenta pero empecinadamente: «algunos del Frente Amplio estuvieron con la dictadura militar y votaron amarillo cuando la Ley de Caducidad. Nosotros ­enfatizó- no estuvimos en el pacto del Club Naval y no traicionamos los postulados del acto del Obelisco».

Diego Cánepa (NE) cargó contra esos últimos dichos y se lo notó enojado, aunque sin perder la postura. «Hay gente que dice cualquier barbaridad», ironizó mientras Botana, sin micrófono, lo interrumpía.