Planteo de Huidobro desata polémica sobre la autodefensa

Casi la mitad de los uruguayos poseen un arma: 580.000 registradas y se estiman en 700.000 las no regularizadas.

«Yo no quiero una sociedad en la que todos estén armados, pero estamos viviendo una situación excepcional y bajo este marco entiendo que es necesario contar con un arma, lo que sería un grueso error entregarlas como dice la ministra Daisy Tourné», dijo anoche a LA REPUBLICA el senador Eleuterio Fernández Huidobro, que a esta altura no lo debe saber a ciencia cierta, pero desde el momento en que ayer escribió en la contratapa de este diario bajo el título de «ya basta», una serie de reflexiones en materia de seguridad pública y el rol que le cabe en la materia a todos los actores sociales, ha logrado cosechar el apoyo de la inmensa mayoría de los integrantes del escenario político del país. «Propuse esto (lo que escribió) porque quiero conocer lo que opinan los demás y saber, primero, si no estoy loco», señaló el legislador de la CAP ­ L que criticó a quienes para él «simplifican» el planteo que realizó cuando señalan que «estoy pidiendo mano dura o una mayor represión policial o una sociedad armada». «Creo que no hemos acertado en el diagnóstico social que hemos venido haciendo ­dijo- porque la delincuencia de hoy no tiene códigos, no cuentan con una ética y no hay siquiera posibilidades de establecer una discusión con la delincuencia porque manejan otro idioma. No hay punto de contacto posible», aseguró. Para el legislador, el declive social y sus consecuencias no son resultado de la pobreza ni de la indigencia. «Sería insultar a los pobres y a los mismos delincuentes si pensamos eso. Creo que la delincuencia de hoy pertenece a una civilización desconocida, nueva, que se autoexcluye y que no es la nuestra, la que siempre conocimos. Por eso, en ese estado de excepción en el que nos encontramos, es válido defenderse cuando además ­destacó- el Estado a través de la policía no puede brindarnos seguridad porque no está en condiciones o porque no quiere correr riesgos». En la columna publicada ayer, Huidobro establecía que «parecería muy recomendable desobedecer a la querida compañera ministra: no hay más remedio por ahora que armarse. Porque cuando el Estado falla; cuando falta; cuando resigna porque no tiene más remedio; o cuando es superado, la ciudadanía tiene pleno derecho a defenderse». Uruguay es el segundo país en el mundo con mayor cantidad de armas de fuego por habitante. Hay registradas, según cifras oficializadas, 580.000 armas. De ese número, cerca de un 10% está en manos de la Policía y de las FFAA. En tanto, y con el riesgo que genera el desconocimiento, se puede llegar a estimar que en el mercado negro hay circulando y en poder de la población unas 700.000 armas sin regularizar. Sumados los dos escenarios, se puede concluir que casi la mitad de los uruguayos posee un arma de fuego.

El senador Fernández Huidobro dijo no saber en qué momento comenzó a generarse este grado de violencia en la sociedad, esta «nueva civilización», aunque «el fenómeno de las llamadas barras bravas es un invento relativamente nuevo» y que bien podría ser uno de los disparadores del agravamiento social que se vive. «Nos están ocupando, ante nuestros ojos y ante nuestra inoperancia, los espacios públicos. Nos matan con pasta base. Nos rompen las escuelas y las policlínicas barriales. El colmo es que ni los presos pueden hoy vivir en paz porque nos han copado hasta las mismísimas cárceles», escribió ayer en este diario y agregaba «no importa si es una sensación o si es inseguridad directa lisa y llana: es un gravísimo problema. En medio de tal panorama, la querida ministra del Interior le pide a la población que se desarme. Obviamente, los delincuentes no lo harán; las cobardes patotas tampoco; los cobardes sueltos tampoco».

Mientras tanto…

El Ejército Nacional comenzó una campaña tendiente a disminuir el porte de armas en la población a través de su devolución o su regulación y registro voluntario en el Servicio de Material y Armamento. Esta medida dio inicio el pasado 1º de noviembre y se extenderá hasta el 1º de julio del próximo año. Con esta iniciativa se pretende la entrega voluntaria de armas de fuego y municiones que puedan estar en poder de la población o su inscripción y regulación por parte de la autoridad militar. Las armas entregadas pueden estar o no registradas, pero indefectiblemente luego serán destruidas, según lo establecen las normas legales que hoy rigen en el país. Esta campaña será monitoreada por la Dirección de Registro Nacional de Armas.

En una primera etapa, las armas de fuego podrán ser entregadas en unidades militares de los departamentos de Montevideo, Canelones, Colonia, Durazno, Salto, Tacuarembó, Minas y Melo. En una segunda etapa, se extenderá a todas las unidades militares del Ejército Nacional, adelantaron las autoridades.