Guerra al lavado de activos

En la iniciativa del gobierno, que aún deberá ser aprobada en reunión del Consejo de Ministros, se incluyen varios paquetes de medidas.

Una de ellas es la extensión de la tipificación delictiva como la falsificación de marcas e insolvencias societarias fraudulentas a responsabilidad de los directores de sociedades anónimas como actividades de las que también se puede lavar dinero. Actualmente se consideran delitos vinculados con dicha actividad, entre otras, el narcotráfico, contrabando y proxenetismo. En la normativa también se incluye un capítulo referido a la incautación y decomisos de bienes de personas vinculadas a todas estas actividades ilícitas. Se proponen medidas relacionadas con la recuperación de bienes producto del delito, para luego ser volcados a la sociedad, pero respetando el debido proceso. Para ello es necesario estudiar a fondo el patrimonio financiero de estas organizaciones delictivas. Por lo cual, la intención del gobierno es establecer, en la nueva normativa, técnicas especiales de investigación, donde se creará la figura del «agente encubierto», se habilitarán las «escuchas telefónicas» y «entregas vigiladas» bajo el control y autorización del juez competente. En tal sentido, el director de la Secretaría Nacional Anti Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, aseguró que el proyecto de ley es ampliatorio de la Ley 17.835 de prevención y control del lavado de activos y de financiación del terrorismo, que se promulgó en 2004. Se estima que el proyecto ingresará al Parlamento en los primeros días de diciembre, luego de que sea aprobado por el Consejo de Ministros. Gil Iribarne recordó que cuando asumió el cargo afirmaba que en Uruguay había lavado de dinero aunque no hubiera nadie procesado por ese delito. Sin embargo, con la debida aplicación de las normas vigentes, «ya existen 25 procesados por lavado de dinero, en su gran mayoría proveniente del narcotráfico, pero también por el lavado de dinero por proxenetismo». Aventuró que «es muy probable que en el corto plazo existan procesamientos por lavado procedente de delitos tales como corrupción, tráfico de armas y contrabando». «Con la aplicación de la Ley 17.835 se logró detectar más de U$S 1.7 millones solamente en Colonia y hay investigaciones en cursos relacionadas con el traslado de metales preciosos», acotó el jerarca (ver recuadro). A la vez, indico que de la misma manera que los narcotraficantes son delincuentes, también lo son quienes les prestan servicios profesionales (escribanos y contadores). Esto demuestra que «este tipo de delitos no lo cometen los peones de las asociaciones, sino sus líderes. Hay gente que delinque de corbata, en la Ciudad Vieja y con buenos coches, armando todos los movimientos financieros». Si bien Gil Iribarne advirtió que la situación «sigue siendo preocupante», de todos modos aclaró que lo es mucho menos que en el año 2005, «porque se han constituido buenos equipos interinstitucionales y se comenzó a trabajar en los juzgados especializados». Señaló que la preocupación muchas veces radica en torno al sector inmobiliario, pero también preocupa la existencia de un sector «informal fuerte que escapa a todo contralor y no solamente impositivo». Criticó que Uruguay en algún momento se postuló como plaza financiera y abrió las puertas al capital internacional generando debilidades que afectaron la imagen del país. «Sin embargo, para quien está pensando en lavar, ahora Uruguay es una plaza un poco más difícil». En cuanto al crimen organizado regional, como los cárteles de México o Colombia, dijo que «si bien no hay que generar falsas alarmas, de todas maneras hay que preocuparse porque tienen elevados recursos y métodos que no son comunes».

Por otro lado, acotó que siempre pueden pedirse más recursos y mejor legislación, pero remarco que su Secretaría se ha manejado con la mentalidad de que «lamentar lo que falta, impide poder realizar la actividad con éxito».