Desde las barras. El fundador de la organización Gordos organizados se retiró satisfecho

Unanimidad: obligan a comercios a vender ropa de todos los talles

Ya falta menos. A partir de ayer los gordos uruguayos están más cerca de que pase a ser un mal recuerdo esa lacerante frustración por no poder encontrar prendas de vestir correspondientes a su talla.

Los diputados votaron por unanimidad (71 en 71) la ley que obligará a los comercios del ramo a contar con prendas de talles «que respondan a las características antropométricas de la población». Eufemismos aparte, la ley obliga a los comercios a tener colgada en la vidriera y doblada en los estantes, ropa para gente común y corriente que hoy no encuadra en los parámetros del idealismo de las pasarelas de moda. El proyecto pasó al Senado y la sesión de ayer fue seguida atentamente desde las barras por Luis Cherro, fundador de la organización Gordos organizados, que se retiró satisfecho por la aprobación pero adelantando que «no bajaremos los brazos hasta que desde el gobierno se reconozca a la obesidad como una enfermedad». Algo en ese sentido esbozó ayer el diputado Alvaro Delgado (Soplan Vientos Nuevos), que abundó en detalles estadísticos sobre la cantidad de obesos que hay en la población uruguaya. Pidió al Ministerio de Salud Pública que maneje la posibilidad de catalogar a esta patología «como una enfermedad que afecta con sobrepeso al 60% de la población» y que de ese porcentaje «el 24% es obeso». Delgado destacó también que el Codicen «debería tomar medidas al respecto cuando se sabe que el 12% de los niños son hipertensos» y que de ese guarismo, «el 17% sufre de obesidad». La informante del proyecto fue la diputada de Alianza Nacional Beatriz Argimón, que destacó la labor desarrollada por la Comisión al momento de redactar la ley. Carlos Enciso (Correntada Wilsonista) se llevó todos los aplausos de sus colegas legisladores, por ser quien propuso, impulsó y propagandeó la normativa. Los diputados colorados Washington Abdala y Tabaré Hackembruch resaltaron la iniciativa y hasta recordaron públicamente amargas experiencias personales, en tiempos en que supieron estar algo excedidos de peso. Carlos Gamou (CAP­L) aseguró que los niños con sobrepeso «sufren y se enferman» por la discriminación de la que son objeto en la sociedad y hasta se animó a recomendarle al gobierno «hacer un esfuerzo» por controlar la alimentación de la población y expresó su intención de buscar algún mecanismo por el cual dejen de existir en el futuro diferencias de precio entre bebidas «comunes» y aquellas llamadas «light», y Edgardo Ortuño (Vertiente Artiguista) recordó cómo los paradigmas de belleza física han ido mutando con el tiempo. Se olvidó de mencionar a los gordos creados por el artista colombiano Fernando Botero.

 

Sanciones a la discriminación

La ley aprobada ayer por los diputados es clarísima. Todo comercio del ramo (vendedor, distribuidor e importador) estará obligado a poseer en stock prendas de todos los talles. La Dirección General del Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, fiscalizará su cumplimiento. Aquellos que la violen serán, en primera instancia, amonestados. Los comercios reincidentes en la ausencia de talles serán multados con sanciones que van desde las 3 BPC hasta las 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones. Si luego de eso insisten en no tener ropa para todos los talles, femeninas, masculinas y para todas las edades, el comercio será clausurado por cinco días. La ley abarcará no solamente a los comercios establecidos en inmuebles sino también a los puestos en las ferias permanentes u ocasionales. Están exentos de sanciones quienes vendan ropa usada, saldos o venta de liquidación de temporada, aunque con algunas condicionantes, no vaya a creer.

 

Planteo de fueros

La sesión de la víspera guardaba una sorpresa. Los dos diputados del Foro Batllista por Canelones, Gustavo Espinoza y Tabaré Hackembruch, hicieron un planteo de fueros tras sentirse agredidos moralmente por acusaciones de supuesto fraude administrativo aparentemente detectado por una comisión investigadora especial de la Junta Departamental canaria, que analizó la anterior administración comunal. Sin excepción, todas las bancadas parlamentarias respaldaron en sus fueros a los dos legisladores. Ambos pidieron también que se hicieran públicas en Internet sus declaraciones juradas.

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