El apartamento de la calle Mario Cassinoni precipitó el desenlace

Aún resuenan en el Palacio Legislativo los ecos de lo que fue la sesión en general de la Comisión Permanente del pasado miércoles.

Los legisladores que integran la Comisión, confiaron a LA REPUBLICA que se enteraron de la renuncia de Noachas al mismo tiempo que la prensa, luego que este abandonara el recinto de la Cámara de Senadores. En esa instancia se movieron hilos que precipitaron el pedido de renuncia de Noachas y que nada tienen que ver con el Parlamento. «Seguramente, luego de presentada la moción que se remitía al Poder Ejecutivo en donde se confirmaban las irregularidades y se advertía al Ejecutivo sobre estas, hubo un llamado partidario sugiriéndole el alejamiento del cargo», señalaron altos voceros del Partido Colorado.

Ningún legislador sospechaba que el ingeniero Noachas fuera a renunciar «porque en los instantes previos a la lectura de la moción, el hasta ese momento presidente del Banco Hipotecario respondió a una denuncia del diputado (José) Bayardi vinculada al arrendamiento de la polémica vivienda 305 del edificio Mburucuyá», recordó el mismo vocero.

Noachas le había dicho al diputado del Encuentro Progresista que estudiaría las carpetas del apartamento 305 del edificio Mbrucuyá y que le iba a hacer llegar, por las vías correspondientes, la respuesta a la denuncia de alquiler del apartamento.

Noachas, al no informar a su sector político sobre la pertenencia del apartamento 804 que le fuera adjudicado el 14 de abril de 1997, durante su gestión, en el edificio San Sebastián II, ubicado en la calle Dr. Mario Cassinoni 1657 casi Colonia, provocó desorientación en las filas foristas y sorprendió a los quincistas. Tanto unos como otros tomaron conocimiento de esta noticia el martes pasado, un día antes de la convocatoria a la instancia parlamentaria. El propio diputado Borsari les advirtió del caso.

Este detalle desarticuló la defensa preparada fundamentalmente por el Foro Batllista, acción que únicamente cumplió el senador Ruben Correa Freitas, apelando a aspectos legales, ingresando luego en consideraciones éticas. Posteriormente siguieron las otras confirmaciones referidas a las viviendas adjudicadas a sus hijos y a su consuegra aparecidas con anterioridad en la prensa, las que se concretaron siempre durante su administración en el BHU.

La moción que terminó con la gestión de Noachas señalaba que fueron «confirmadas las denuncias sobre la adquisición inconveniente de viviendas por parte del presidente del BHU, Salomón Noachas, para sí y por parte de sus familiares directos». La moción aprobada por la Comisión Permanente también contó con el respaldo del Foro Batllista, sector del jerarca cuestionado.

Sin más que decir

A nivel parlamentario no quedan más acciones que cumplir en el caso de las denuncias sobre irregularidades en la administración del ingeniero Salomón Noachas.

El miércoles se puso en funcionamiento el artículo 129 de la Constitución de la República, el que establece como fundamental cometido, que la Comisión Permanente Legislativa debe velar por el cumplimiento de las leyes y advertir al Poder Ejecutivo sobre irregularidades o acciones convenientes o no en la administración del Estado. La Comisión Permanente centra su responsabilidad ante la Asamblea General y, si hubieran existido en el caso Noachas algunas otras advertencias, se recurriría al artículo 130 de la Constitución por el cual se debería haber convocado a la Asamblea General.

El anuncio que hiciera en sala el ministro de Vivienda Carlos Cat, señalando que en su cartera se iba a analizar «cuidadosamente todos los hechos que se debatieron esta noche (por el miércoles) y se adoptarán las decisiones que correspondan» abortó cualquier responsabilidad política que el ministro tuviera en la materia. De no haber ocurrido eso, se accionarían los artículos constitucionales 147 y 148 que hacen referencia a la caída de un secretario de Estado.

El caso Noachas tampoco podrá ahora transitar los andariveles judiciales. Si bien el Parlamento entendió que existieron irregularidades en las adjudicaciones de cupos habitacionales, no cabe la posibilidad de acción penal contra el ex jerarca en virtud de que las adjudicaciones correspondían legalmente por la condición de ahorristas del BHU que poseían todos los involucrados en las polémicas adjudicaciones.

La moción en la que la Comisión Permanente advertía sobre esta situación al Poder Ejecutivo fue redactada por los tres integrantes blancos en el órgano: los diputados Gustavo Borsari y Luis Lacalle Pou y el senador Luis Alberto Heber, previa negociación con el diputado quincista Jorge Barrera y el senador Ruben Correa Freitas.