La Junta canaria volvió a cuestionar licitación municipal

Danilo Albín – Canelones

La Junta Departamental de Canelones observó anoche a la comisión asesora que aconsejó la adjudicación del servicio de guardavidas -privatizado por la comuna- a la empresa Lagotur y decidió elevar los antecedentes del caso al Tribunal de Cuentas. Además, reclamó que el intendente Tabaré Hackenbruch rescinda el contrato antes del próximo 31 de enero y conforme una comisión a los efectos de realizar un nuevo llamado de licitación pública.

Desde las 19.00 de la víspera y hasta minutos antes de las 00.00 de hoy, el deliberativo comunal analizó los informes elaborados en minoría y mayoría por la comisión especial que investigó la licitación del servicio de vigilancia de los ríos y costas del departamento, objeto de duras críticas y acusaciones por parte del gremio municipal y la oposición política.

Según indicaron fuentes allegadas al legislativo, el presidente del cuerpo, el edil forista Julio Musetti, contrató efectivos policiales ante la posible ocurrencia de incidentes. Durante las casi cinco horas que duró la sesión, los agentes permanecieron inmóviles en la entrada al local ubicado en el prado de la capital departamental.

Los faxes enviados por el encargado del área de guardavidas de la Intendencia Municipal de Canelones (IMC) a la empresa Lagotur en los meses previos a la licitación -publicados por LA REPUBLICA– formaron parte de la discusión que generó varios cuartos intermedios, en los cuales se realizaron distintas negociaciones políticas para tratar de arribar a una moción.

Tanto el informe en mayoría -elaborado por el Foro Batllista y el grupo quincista que responde al senador Alberto Brause-, que respaldaba el proceso licitatorio, como el documento aprobado en minoría por el Encuentro Progresista y el Partido Nacional denunciando diversas irregularidades, no obtuvieron los votos necesarios para ser aprobados.

Los nueve ediles del Foro Batllista rechazaron cualquier cuestionamiento a la licitación que realizó Hackenbruch y trataron de convencer a la bancada quincista para que respaldara al oficialismo y evitar así un nuevo cuestionamiento a la administración municipal, lo cual resultó en vano.

Rescindir el contrato

Tras varias negociaciones entre las bancadas, el Encuentro Progresista – Frente Amplio (EP-FA), el Partido Nacional y cuatro ediles quincistas aprobaron «observar a la comisión asesora por haber aconsejado la adjudicación del servicio a una empresa que no llenaba los requerimientos exigidos en el pliego particular de condiciones».

La moción exige además «elevar esos obrados al Tribunal de Cuentas para su conocimiento». «Como consecuencia de lo expuesto se aspira a que el intendente rescinda el contrato suscripto con Lagotur al 31 de enero de 2001″, señala, remarcando que el deliberativo comunal sugiere que la IMC tome los recuados correspondientes» para garantizar el «cumplimiento total del servicio de guardavidas hasta el fin de la presente temporada».

«En virtud de lo expuesto, se aspira que el señor intendente convoque una comisión asesora con el tiempo necesario y el suficiente conocimiento técnico en la materia a los efectos de realizar un nuevo llamado de licitación pública para el servicio de guardavidas para la temporada 2001-2002″, agrega.

Voceros de la coalición de izquierda consultados anoche por LA REPUBLICA manifestaron su complacencia con esa moción. Dijeron además que este tema implica «el riesgo de pérdida de vidas humanas en las playas y ríos» e insistieron en la falta de preparación de Lagotur para brindar ese servicio.