Fiscalías especializadas en crimen organizado

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, promulgó el pasado viernes la Ley Nº 18.390, por la cual se dispuso la creación de dos fiscalías nacionales en materia penal con especialización en crimen organizado.

La competencia de estas fiscalías «será la correspondiente a los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Penal con especialización en crimen organizado», los cuales fueron creados en la Rendición de Cuentas y cuya actividad se presume comenzará en febrero o marzo del próximo año.

La capacitación de los fiscales en materia de crimen organizado y lavado de activos comenzó hace varios años, pero se ha intensificado en los últimos meses luego de concretarse la resolución de crear estas fiscalías con especial énfasis en la materia. Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura aún no han designado a los representantes públicos para desempeñarse en estas fiscalías, pero desde hace tiempo en los «corrillos» se habla de la fiscal Mónica Ferrero como uno de los nombres «cantados» para estos cargos.

Ferrero cobró notoriedad por ser la representante del Ministerio Público que solicitó el procesamiento del contratista y ex directivo de la empresa Tenfield, Edward Yern, y otros individuos, a consecuencia de la «Operación Cancerbero».

La operación desarticuló una importante organización destinada al tráfico de cocaína hacia el viejo continente a través del Puerto de Montevideo.

El fiscal ­con cargo «en reserva»­ Enrique Moller, en tanto, fue capacitado y se especializó en temas de lavado de activos y crimen organizado durante la administración del ex presidente Jorge Batlle, por lo cual era candidato para integrar las fiscalías especializadas en crimen organizado.

Moller es co-redactor de la Ley Nº 17.835, «Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo», así como uno de «los cuatro uruguayos» con el título de capacitador en lavado de activos otorgado por la ICA, un prestigioso instituto internacional en el combate contra el lavado de activos.