Brasil y el "caso Cordero"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizó ayer los obstáculos a la Justicia brasilera emanados de la Ley de Amnistía, del 28 de agosto de 1979, por la cual se impidió que los militares del país norteño sean juzgados por los crímenes cometidos durante la última dictadura.

La audiencia fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). El Estado brasilero fue citado con vistas a pronunciarse sobre la necesidad de investigar y punir a los agentes represores que practicaron tortura, ejecuciones sumarias y desaparición forzada durante el proceso militar.

El procurador regional de la República, Marlon Weichert, y las representantes de CEJIL, Viviana Krsticevic y Beatriz Affonso, presentaron información y documentos a la CIDH para demostrar que la Ley de Amnistía es uno de los obstáculos para juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país norteño.

El análisis de la Ley de Amnistía brasilera por parte de la CIDH involucra de forma directa al Uruguay, al ser uno de los principales argumentos utilizados por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Marcos Aurelio, para rechazar la extradición del coronel (r) Manuel Cordero.

La extradición de Cordero «asentaría la viabilidad de persecución criminal, de responsabilidad administrativa y civil, en lo referente a los hechos protegidos por la amnistía (…) Otorgada la extradición, abiertas estarán, por coherencia, las puertas a las más diversas controversias en lo concerniente al edificante instituto de la amnistía», expuso Marco Aurelio.

El coronel (r) Manuel Cordero pretende ser juzgado en ambos países del Río de la Plata por su accionar represivo en el ámbito del Plan Cóndor. Cordero está estrechamente vinculado con la desaparición del militante del PVP Adalberto Soba Fernández, entre otros.