DGI RATIFICA DENUNCIA

El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Nelson Hernández, deberá comparecer el próximo martes ante el Juzgado Letrado de 1er. Turno de Young para ratificar la denuncia por «defraudación tributaria» presentada por el fisco contra parte de los empresarios implicados en contrabando de metales.

La DGI presentó la demanda tras conocer la declaración de los empresarios ante el juez Mario Suárez Sañol, donde relataban la operativa. El organismo definió entonces enviar un equipo de tres contadoras para analizar las actas y tras su estudio se definió la denuncia.

El director de Rentas será acompañado ante la Sede por el contador Danubio Cruz, especialista de la DGI en casas cambiarias. El juez tomaría declaración a Cruz para profundizar la investigación por la evasión impositiva.

En otro orden, la DGI determinó la existencia de deudas tributarias superiores a los ocho dígitos, es decir «superiores a los $ 10 millones», tras realizar varias inspecciones en el interior del país. «Ha habido liquidaciones de tributos en prácticamente todos los departamentos en los que se trabajó», indicó ayer Hernández a LA REPUBLICA.

Las actuaciones fueron realizadas, en los últimos diez días, en aquellos departamentos en los cuales la actividad económica establecida por variables macroeconómicas tenía, respecto de los impuestos, una menor relación.

Dijo que los criterios de selección fueron estableciéndose para los departamentos en los cuales había «menor nivel de tributación respecto de la actividad». Dichos criterios fueron adecuados de forma tal que, en muchas de las inspecciones, determinó la existencia de «deuda».

Si bien aseguró que en principio no hay una cifra exacta, de todas maneras aseguró que se pueda hablar de deudas que «superarán los ocho dígitos. Es decir se trata de compromisos importantes». O sea, que son cifras superiores a los de $ 10 millones.

Ante esta situación, se finaliza con una liquidación de impuestos y el cobro de los mismos que debieron haberse tributado, salvo situaciones en las que se demuestre o constate que ha habido realmente maniobras defraudatorias que, en ese caso, podrían ameritar la adopción de otras medidas. «Pero en principio hablemos de la generalidad de los casos, es decir, situaciones en las que se detecta que hay un cumplimiento no total y se establece una forma de pago del impuesto pendiente», dijo Hernández a LA REPUBLICA.