El socio de Jorge Dotta

El siniestro de la camioneta había sido catalogado de autorrobo por Luis Alberto Mariño, el ex subgerente de Investigaciones y Rescate que apareció tirado en la calle, a metros de su casa, con un corte en la garganta y tres hendiduras en el cráneo. Dotta, por el contrario, intervino a favor del reclamo de Martínez y su colega Igelka en el expediente que se instruyó en el BSE, según consta en el expediente de una investigación interna a la que tuvo acceso LA REPUBLICA.

La presunta «conjunción de interés público con interés privado» en la que habría incurrido Dotta en «el caso Martínez» fue denunciada en una sesión del Directorio, en octubre pasado, por el abogado quincista Román Nilson, vicepresidente del Directorio, al final de la Presidencia de Carlos Cassina. El entonces vicepresidente solicitó además la reapertura del expediente cuestionado. Nilson también denunció que el doctor Hugo Lens, director de la División Legal del BSE, comparte por su lado un estudio jurídico con el doctor Germano, secretario letrado del Directorio del BSE, y con el doctor Paccareu, «uno de los mayores litigadores contra el banco en materia de accidentes de tránsito», según indicó Nilson.

El nuevo Directorio del BSE, que preside el empresario pachequista Alberto Iglesias, se comprometió por su parte a investigar las denuncias de Nilson, según dijo el propio Iglesias la semana pasada en la ceremonia por los 89 años de la institución. Nilson ocupó la vicepresidencia durante dos años y medio, al final de la gestión de la Presidencia de Carlos Cassina que se prolongó cinco años y medio.

 

Las pruebas de Nilson

La relación profesional entre Dotta e Igelka habría quedado probada (ver facsímil uno) a fojas 64 del expediente instruido por Román Nilson para investigar las irregularidades en las que habría incurrido el gerente general, el tercero en la jerarquía de un banco estatal que controla más del 75% del mercado de seguros para automóviles. «El doctor Boris Igelka que se desempeña como abogado del Grupo Casal –uno de cuyos integrantes es el asegurado–«, escribió Dotta en alusión a Martínez y en referencia a Igelka, «comparte conjuntamente con cuatro abogados más y el dicente –desde hace más de 22 años– los gastos de funcionamiento del estudio jurídico que integra el firmante, y en el cual laboran más de diez profesionales».

Por otra parte, (ver facsímil dos), la intervención de Dotta en el expediente del «caso Martínez» quedó evidenciada a fojas 63 del mismo expediente. «Te ruego liquiden rápido el tema, pues yo estoy peloteando al abogado (Igelka) desde enero de este año, fecha en que Mariño me dijo que lo teníamos que cubrir porque no había elementos suficientes para excluirlo», a Martínez, del cobro del seguro, escribió Dotta el 24 de junio de 1999 en un correo electrónico dirigido a la subgerente de Automóviles, Silvia Caprio. Dotta negó a través de su mensaje a Caprio un nuevo plazo que pedía Mariño para seguir investigando el sospechoso autorrobo de la camioneta. La vinculación entre Lens, Germano y Paccareu surge de la declaración jurada que realizó el propio Lens al asumir su cargo, y que fue recogida por Nilson para incluir en el expediente de la investigación interna.

 

Un atentado y dos amenazas

Mariño, de 54 años, debió permanecer internado en un CTI, durante 21 días, tras ser atacado, a fines de noviembre pasado, mientras caminaba hasta un estacionamiento cercano para recoger un coche y luego dirigirse hasta su despacho, como hacía todas las mañanas. Mariño, quien se recupera del atentado en su casa, trabaja en el Departamento de Automóviles y Responsabilidad Civil, una dependencia del BSE en Bulevar Artigas y Burgues. En el mismo lugar trabajaba Silvia Caprio, una subgerente que habría sido objeto de amenazas de muerte, a comienzos de diciembre pasado, al igual que el subgerente general, José Mansilla. Caprio y Mansilla se habrían negado a denunciar las amenazas por temor a sufrir represalias como padeció Mariño.

El jefe de Policía, Nelsi Bobadilla, se comprometió, no obstante, a investigar las presuntas amenazas a través del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones. El compromiso de Bobadilla surgió luego de que las amenazas tomaran estado público.

 

También atacan a tiros

En Automóviles también trabajó el entonces subgerente Arturo Chiappone Scarcela, quien a comienzos de los años 90 fue objeto de un atentado a balazos contra su domicilio, luego que investigó irregularidades internas que derivaron en «la destitución» de tres peritos tasadores y un tasador.

«Por presiones políticas», denunció Chiapponi en una carta publicada el sábado pasado por LA REPUBLICA, el Directorio de entonces «revocó» las destituciones de dos de los tres funcionarios que lesionaron los «intereses de la Institución». «La simultaneidad de los hechos relatados (la destitución e inmediata revocación) hizo que llegara a la simple conclusión de que no podía ser más realista que el rey, y exigí el cambio» del Departamento de Automóviles al Departamento de Accidentes del Trabajo, lamentó Chiapponi en su misiva, desalentado por la presunta permisividad del Directorio ante el delito y las irregularidades.

 

Camioneta «imposible de robar»

El jugador de fútbol Sergio «Manteca» Martínez declaró al BSE a través de su abogado Boris Igelka que dejó su camioneta 4×4 en el estacionamiento privado del Aeropuerto de Carrasco cuando partió para La Coruña, España, el martes 23 de junio de 1998, luego de permanecer dos meses en Uruguay mientras se recuperaba de una lesión en la rodilla, según consta a fojas 24 de la investigación interna que propició Nilson. El viernes 26 de junio, tres días después de la partida a Europa de Martínez, el padre del jugador denunció ante la Seccional 18 de la Jefatura de Policía de Canelones con jurisdicción sobre el Aeropuerto que la camioneta había desaparecido.

La denuncia presentada ante el BSE agregó que hubo una confusión, nunca aclarada, respecto a quién se había quedado con las llaves necesarias para pasar a retirar el vehículo (ver facsímil 3). Lo que primero llamó la atención de Mariño, es que la camioneta, matrícula argentina BOF 449, había sido asegurada ante el BSE un mes antes, el viernes 22 de mayo, a través de un vendedor de seguros que opera mediante una Sociedad de Responsabilidad Limitada. La denuncia por robo se concretó cinco semanas después de la contratación del seguro, destacó Mariño en sus informes internos a las jerarquías del banco.

Se trataba de una costosa camioneta 4×4 a nafta del año 97, de marca Jeep y modelo Grand Cherokee Limited, color negro y vidrios polarizados, con auxiliar en puerta trasera, que el BSE debería pagar como nueva.

Mariño insistió además con que el vehículo, fabricado en Austria y luego importado de Italia por el concesionario oficial de Chrysler en Argentina Trotter SA, tenía un dispositivo interno que inmovilizaba el motor en caso de ser abordada por un conductor que no accionara el control remoto para abrir las puertas.

Es un sofisticado y eficaz mecanismo antirrobo, según pudo investigar y comprobar Mariño en los contactos que mantuvo con los representantes de Chrysler en Argentina durante su investigación. La camioneta había salido de Argentina el 10 de enero del 98 a nombre de la esposa de Martínez, Fabiana Valeria Peña Roscigno. Martinez, por su parte, había pagado solo dos cuotas por seguro contratado, hecho que determinó que el banco le anulara la póliza el 7 de octubre de 1998, luego de un intento infructu
oso por cobrar lo adeudado, intento que se reiteraría el 4 de noviembre y el 5 de diciembre del mismo año.

 

Con dinero del Estado

No obstante las sospechas de Mariño y las deudas generadas, Dotta ordenó el año siguiente, el 10 de junio de 1999, que el banco pagara el seguro a Martínez, descontando lo adeudado por cuotas impagas, y dejando sin efecto las investigaciones en curso.

Con anterioridad, el 28 de mayo, Igelka había rechazado una oferta del banco que quería pagar más de 39 mil dólares por la camioneta, y había presentado una nueva reclamación para exigir casi 55 mil dólares. Igelka adujo que la camioneta tenía casi 7 mil dólares en accesorios como una compactera y demás. El seguro fue cobrado por Martínez el 27 de agosto de 1999, por intermedio de su padre.

Igelka había logrado que su representado cobrara el seguro, descontando lo adeudado por cuotas impagas, y sin que el jugador se viera obligado a tener que presentar una garantía real como lo exigió la escribana del banco, Alicia Gaitano, en un dictamen que Dotta prefirió desestimar.

Facsímil 1: DOTTA DIJO COMPARTIR CON IGELKA LOS «GASTOS OPERATIVOS» DE UN MISMO ESTUDIO JURIDICO.

Facsímil 2: «TE RUEGO LIQUIDEN RAPIDO EL TEMA», ESCRIBIO DOTTA EN UN EMAIL A LA SUBGERENTE SILVIA DOTTA QUE MESES DESPUES RECIBIRIA AMENAZAS DE MUERTE.

Facsímil 3: EL PADRE DEL «MANTECA» MARTINEZ DECLARO QUE LAS LLAVES DE LA CAMIONETA IMPOSIBLE DE ROBAR ESTABAN EN UN APARTAMENTO ALQUILADO.