Por perdonar abultada deuda

Ediles de ese departamento acusan al intendente municipal de Flores por perdonarle al estanciero Pedro Ramos Mañé 800.000 dólares de deuda en contribución rural, en un acuerdo unilateral e ilegal, por motivos políticos. La deuda original era de 1.200.000 dólares y se la rebajó a 450.000.

La edila Ana Moreira, del Partido Nacional, en la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Flores del 22 de setiembre informó sobre diversas «irregularidades (…) en la forma como los jerarcas municipales han beneficiado a algunos contribuyentes de la Contribución Inmobiliaria Rural».

El decreto en el cual el deudor se amparó es el 0574/2006. En su artículo 15 indicaba que los propietarios de padrones rurales «que superan las 1.500 hectáreas deberán hacer efectivo el pago al contado». Los ediles indicaron que el plazo final para dicho pago fue el 25 de setiembre de 2006. Más adelante, la edila Moreira indica que, según afirmaciones del abogado del estanciero, «se acordó con esta administración, porque la otra le quería cobrar, pero con ésta pudieron acordar una rebaja de casi 800.000 dólares».

Por otra parte, la legisladora departamental indicó que el pago se realizó en cuotas y no al contado, como establece el decreto. «Acá se realizó el pago de la primera cuota el 13 de octubre de 2006 cuando el plazo ya había vencido. Después hay un segundo acuerdo entre el señor intendente Armando Castaingdebat y el señor Pedro Ramos, con fecha 14 de diciembre por un monto de 11.333.044″, señaló.

Horacio Domínguez, edil del mismo sector, indicó en esa misma sesión que «la vinculación política del deudor contumaz, Pedro Ramos, surge patentizada en las elecciones departamentales de 2005, donde el señor Ramos Mañé actuó como delegado de la referida Agrupación 904 del Partido Nacional».

Más adelante, Domínguez indicó que la familia de Ramos Mañé «fue patrocinada por el doctor Daniel Irribarren Estrade, hasta los primeros días de julio de 2005, fecha en que por asumir el cargo de Asesor Letrado de la IMF renunció al patrocinio letrado de los deudores».

En la misma sesión, el legislador departamental indicó que «quedó probado que había existido conductas irregulares y actuaciones incompatibles por los cargos que revisten en la IMF y la relación que tenían con el deudor contumaz, ya sea de tipo político o laboral por parte de varios jerarcas municipales que participaron en las distintas etapas del cobro de dicha deuda».