Caja Bancaria: "El año próximo se queda sin reservas y desfinanciada"

­¿Cómo llegó la Caja Bancaria a la situación actual, en la que se ha tornado imprescindible una solución con participación del Estado?

­Durante las dos últimas décadas la Caja vino sufriendo una pérdida de aportantes, es decir, se deterioró la ecuación activo/pasivo, fruto de dos razones. Por un lado el avance tecnológico con incorporación de formas de trabajo distintas; pero también la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal llevó a una retracción de los bancos, como consecuencia del desmantelamiento industrial que sufrió el país.

 

­A ver cómo es eso.

­Al haber menos empresas productivas, la tarea de atención a empresas se vio limitada. Los bancos debieron adaptarse a una nueva situación y se centraron en atender a un pequeño número de usuarios; desplazaron la atención de usuarios chicos, de media y pequeña economía hacia otro tipo de empresas que fueron surgiendo: cooperativas de ahorro y crédito, administradoras de créditos, casas de cambio, redes de pagos, etcétera, un montón de instituciones que empezaron a ocupar esos espacios y a atender lo que era el crédito al consumo y otros servicios para una clientela de rango medio o bajo.

 

­Eso implicó una reducción del personal de los bancos.

­Exactamente. Al reducirse la clientela de los bancos, éstos no necesitaron tanta mano de obra. Y todos los empleados de esas casas de crédito, cooperativas, etcétera, no aportan a la Caja Bancaria sino al BPS. Porque la ley vigente sólo permite que aporten a la Caja Bancaria los empleados de bancos y de aseguradoras. Esto llevó a que empezara a haber más jubilados y menos trabajadores. Por otra parte hay que tener en cuenta que la expectativa de vida aumentó, lo cual es un hecho auspicioso pero hace que hoy un jubilado cobra su pasividad durante mucho más tiempo que antes; no es un fenómeno exclusivo de la Caja Bancaria (y reitero que es algo positivo que la gente viva más) pero tiene efectos económicos.

El problema central de la Caja está ahí. La situación de la Caja no se debe a hechos de corrupción, ni a evasión, ni a jubilaciones de favor o truchas. Eso está descartado, y todo el mundo está de acuerdo en eso; nadie atribuye la situación a mal manejo o mala administración o falta de controles.

 

­¿Desde cuándo se registra ese déficit?

­Eso se ha ido agravando desde la crisis de 2002. Y desde entonces hubo soluciones parciales que implicaron aportes adicionales; primero de las empresas y después de las empresas y de los jubilados. Se votaron leyes que fijaban una quita a los jubilados para contribuir a la Caja además de un aporte adicional de las patronales de 4,5 por ciento. La quita a los jubilados es de un diez por ciento en promedio, con franjas y con mínimo no imponible. Y con eso se fue tirando. La Caja financiaba la diferencia con reservas propias, y llegó a tener 300 millones de dólares de reserva que lamentablemente se consumieron para paliar el déficit, lo que le permitió sobrevivir sin tener que recibir asistencia del Estado y pagar puntualmente sus prestaciones. Por eso al día de hoy la Caja no acumula déficit; la Caja cierra todos los meses a cero, pero el problema es que los aportes genuinos no alcanzan.

 

­De modo que las reservas líquidas están a punto de agotarse.

­Ese es el problema que enfrentamos: que a medida que se siguieran utilizando las reservas, los primeros meses del año próximo la Caja estaría totalmente desfinanciada, no habría más reservas. Y ahí sí, habría problemas para hacer frente al pago de jubilaciones. Esa realidad explica la urgencia en que se apruebe la ley, porque como el año próximo es año electoral, el Parlamento tiene plazo hasta el 25 de octubre para sancionarla; después de esa fecha, la ley no se puede tratar.

 

­Bueno, vayamos a la ley. ¿Quiénes intervinieron en la negociación?

­Empezamos conversando AEBU con el Poder Ejecutivo, representado por los subsecretarios de Trabajo, Jorge Bruni, y de Economía, Mario Bergara. Después, este año, con las conversaciones avanzadas, se sumaron Julio de Brun en representación de los bancos privados, y las compañías aseguradoras privadas que son cotizantes a la Caja Bancaria. La clave estaba en que la ley aportara soluciones que atacaran las causas de la crisis, porque podría haber soluciones transitorias que no fueran al fondo del problema, y el fondo del problema era precisamente el deterioro de la ecuación activo/pasivo. En razón de ello, pensamos que la nueva ley debía reconocer nuevas realidades económicas: que la actividad financiera no se realizaba exclusivamente por medio de los bancos, sino también a través de una multiplicidad de empresas que estaban operando en el país; y que dichas empresas debían incorporarse al sistema previsional de la Caja Bancaria. Estamos hablando de unas 230 empresas en esas condiciones que emplean a cerca de diez mil trabajadores. Además de eso, había que pensar en cubrir ese agujero de 80 millones de dólares. Por eso sosteníamos que debía haber equilibrio entre las partes, no se podía cargar todo a los jubilados ni nosotros podíamos pretender que todo lo pagaran las empresas o que todo lo pagara el Estado. Todos debían aportar pero cada cual de acuerdo a su capacidad contributiva. Así fue surgiendo el texto legal, con ciertas concesiones; por ejemplo, no logramos que se incluyera a todas las empresas pero sí las vinculadas al área del crédito, como Oca, Credisol, Cabal, Cash, etcétera. De aquellos diez mil trabajadores logramos la incorporación de unos seis mil. Es una primera etapa; quedaron afuera los cambios, las redes de pago; pero son banderas que seguimos levantando y pensamos insistir en eso.

 

­A ver si entendí. Los empleados de Cabal, por ejemplo, van a aportar a la Caja Bancaria; y cuando se jubilen, cobrarán su jubilación por esa Caja.

­Así es. Si bien se quitan aportantes al BPS, éste no tendrá que abonar esas jubilaciones. Y la solución para cubrir el déficit radica en que los jubilados seguirán con el aporte que están haciendo actualmente de diez por ciento promedio y se les va a incrementar en un cuatro más: un dos por ciento en 2009 y otro dos en 2010. Las empresas van a aportar el adicional de cuatro y medio por ciento y se les agrega otro cuatro y medio que podrán pagar con bonos. El Estado, por su parte, va a aportar lo que equivale a 20 millones de dólares anuales.

 

­¿Y por cuánto tiempo?

­Todos esos aumentos de aportes así como lo que aportará el Estado son transitorios. Todos los adicionales son transitorios, calculando unos cinco o seis años, que es el lapso en que, según las proyecciones, la Caja volverá a estar equilibrada financieramente. A partir de entonces los adicionales empezarán a disminuir hasta llegar a cero.

 

­¿No hay aporte de los trabajadores activos?

­Bueno, el equilibrio se alcanza modificando las condiciones jubilatorias futuras. Los empleados se van a jubilar con condiciones menos favorables que las de hoy. Por ejemplo, el cálculo jubilatorio se realiza actualmente sobre los tres últimos años, y con la nueva ley se hará sobre los diez últimos años o sobre los mejores veinte, como en el BPS. La tasa inicial de remplazo pasa de 60 por ciento a 50 por ciento; las mujeres podrán jubilarse a los 60 años y no a los 55 como ahora. Como contrapartida, las mujeres tendrán derecho a pensión, es decir que en caso de fallecimiento sus familiares podrán cobrar una pensión. Se equipara a las mujeres con los hombres: tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. En fin, esa es la forma de aportar de los activos. De esta forma se logra que empresas, trabajadores en actividad, jubilados y Estado, todos ponen al
go. Y en lo que tiene que ver con las empresas logramos algo muy importante: que del aporte patronal, un diez por ciento se haga por el volumen de negocios, en vez de ser por la plantilla de trabajadores. Esto permite que una empresa que obtiene márgenes importantes de ganancia pero por la forma que lo hace emplea poco personal, aportará de manera más justa. El aporte por planilla perjudica a los bancos estatales en beneficio de bancos privados muy pequeños pero que hacen negocios muy redituables trabajando con la especulación. Aspiramos a que las empresas aporten no en función de la cantidad de trabajadores sino en proporción a sus ganancias.

 

­¿Cuál es la actitud de los partidos ante la ley? El FA está de acuerdo, pero ¿y los otros partidos?

­Sí, ya se firmó en el Consejo de Ministros y llegó al Parlamento con el aval del Poder Ejecutivo. Aunque la ley no requiere mayorías especiales, esperamos que una porción mayoritaria del Partido Nacional acompañe el proyecto. Para nosotros sería muy importante que la ley tuviera un amplio respaldo de la clase política.

 

­El proyecto de ley cuenta con el aval del gremio, ¿verdad?

­Después de todo este proceso, convocamos a una asamblea general del gremio que tuvo lugar el 3 de setiembre. Fue una asamblea multitudinaria; al momento de votar había registrados 5.700 asambleístas que estaban asistiendo. La asamblea se pronunció a favor de nuestra propuesta por un margen de cuatro a uno, más o menos: cerca de cinco mil compañeros votaron a favor de la fórmula que había resultado del proceso de negociación. Fue aplastante, y confieso que me sorprendí.