La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid) realizó un megaoperativo en Ciudad de la Costa, que culminó con la incautación de altas sumas de dinero, bienes y estupefacientes, así como el procesamiento de cuatro personas, una de ellas por lavado de activos.
Las autoridades de narcóticos trabajaron intensamente varios meses en la investigación de una organización internacional dedicada al proxenetismo y trata de blancas, que culminó en las últimas horas con la incautación de drogas y dinero.
La “Operación Monroe” desbarató el accionar de una organización dedicada al tráfico de blancas y cocaína hacia el viejo continente, tras detener a una joven uruguaya de 19 años, que ingresó al país por el Aeropuerto Internacional de Carrasco con una importante suma de dinero en euros.
La joven fue detenida con 31.505 euros, cuando subía a un auto con Marylin Beatriz Santos Montenegro, uruguaya de 36 años, poseedora de antecedentes penales por hurto y estafa. Marylin era quien organizaba el tráfico de drogas mediante la modalidad de mulas hacia Europa.
La detención de Marylin implicó el allanamiento de un chalet en Solymar, en el cual se realizaron nuevas incautaciones. La vivienda, incluso, le había sido vendida por un narcotraficante procesado en el marco de la “Operación Campanita”, por una importante cifra en euros, expresaron las autoridades.
Sin embargo, la investigación apuntaría directamente hacia el tráfico de personas y trata de blancas. La organización desbaratada estaba dedicada a reclutar mujeres con vistas a trasladarlas al viejo continente para ejercer el meretricio, en un prostíbulo de España. Tras varios meses de trabajo, retornaban al Uruguay, donde abonaban el porcentaje correspondiente a sus proxenetas.
Las autoridades presumen que entre 7 y 10 mujeres uruguayas se encuentran en tierras españolas ejerciendo aún la prostitución. Sin embargo, dos de las chicas reclutadas por la organización retornaron al país y fueron llevadas a declarar ante la jueza Letrada de 3er. Turno de Ciudad de la Costa, Mariana Mota.
La jueza dispuso por tanto el procesamiento de cuatro personas por delitos vinculados al lavado de activos y narcotráfico, todas integrantes de la red internacional de trata de blancas, con sede en la madre patria. El pedido lo realizó el fiscal Gilberto Rodríguez.
La Fiscalía solicitó el procesamiento de las dos mujeres y dos hombres, al amparo de la ley 17.016, por la cual se regula los delitos de comercialización y uso de estupefacientes, así como lavado de activos, indicaron fuentes de la investigación a LA REPUBLICA.
Asimismo, la Fiscalía solicitó la incautación y embargo de todos los bienes inmuebles y tres vehículos de la organización, de acuerdo a lo que indica la normativa sobre delitos de narcotráfico. La investigación continuará en busca de los principales responsables de la organización.
La jueza Mariana Mota le tipificó, a tres de los involucrados en la organización, el artículo 32 de la ley 17.026, por la cual se castiga con penas “entre veinte meses de prisión a dieciocho años de penitenciaría”, al que “organizare o financiare” actividades vinculadas al narcotráfico.
Además, sobre uno de los individuos pesa un pedido de procesamiento por el artículo 54, “lavado de activos”. “El que convierta o transfiera bienes, productos o instrumentos que procedan de cualquiera de los delitos tipificados por la presente ley o delitos conexos, será castigado con pena de veinte meses de prisión a diez años de penitenciaría”, indica la norma.
En tanto, el fiscal solicitó el procesamiento de una mujer por “asistencia” al tráfico de drogas, de acuerdo al artículo 57 de la ley. Este delito es castigado con una pena entre doce meses de prisión a seis años de penitenciaría.
El procesamiento dictado por la jueza Mota eleva ahora a 25 el número de encausados en la Justicia por esta modalidad criminal desde el año 2005, mientras que desde la creación de la normativa hasta el año 2004 sólo una persona fue procesada por este delito.
La comparecencia del secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Ricardo Gil Iribarne, ante una Comisión de diputados fue reveladora en este sentido.
El número de procesados en los últimos tres años por lavado de dinero llegó a cifras sin registro en el país, pero sin embargo los bienes incautados por ese delito rondan los 10 millones de dólares. Si bien es “una cifra importante”, este monto “es una parte menor del volumen de dinero ilícito que mueve el crimen organizado”, expresó Gil.
“En Uruguay se lava dinero como en todo el mundo y no estamos vacunados” contra ese delito, “pero debemos sanear, controlar y dejar en claro que acá no pasa nada”, enfatizó Gil Iribarne ese día.
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