Van 24 casos de lavado de dinero

Hasta el año 2005, la Justicia uruguaya procesó a una sola persona por lavado de dinero. En tres años, los procesados fueron 24. Una nueva ley que está en Diputados creará la figura del agente encubierto, la protección a informantes y la entrega vigilada. También se habilitará legalmente el pinchazo telefónico.

Desde que el país es país, en toda su historia, únicamente una persona fue procesada por lavado de dinero. Eso, hasta el año 2005. En los últimos 3 años, el número de delincuentes ya procesados con prisión y que tenían ese modus operandi, trepó hasta el 24: 20 hombres y cuatro mujeres.

El jueves, el secretario general de la Secretaría Nacional Antilavado de Activos de la Presidencia de la República, Ricardo Gil Iribarne, compareció ante la Comisión Especial con fines legislativos de la Cámara de Diputados a informar sobre las necesidades legales que requiere la actividad investigativa que esa oficina gubernamental viene realizando. Se están ultimando los detalles de una nueva ley que conceda un nuevo marco legal para la represión al lavado de dinero y el crimen organizado y que amplíe y profundice las herramientas de investigación contra esos delitos.

Las llamadas «entregas vigiladas», la intervención de teléfonos, los agentes encubiertos, la protección a víctimas, testigos e informantes, y un control más estrecho a inversiones y de movimientos de divisas, son sólo algunos de los nuevos estamentos legales que la ley concederá cuando ésta sea promulgada por el gobierno.

«El lavado de dinero es un delito muy difícil de investigar ­aseguró Gil­ por lo que es imprescindible contar con nuevas herramientas y técnicas especiales de investigación». La ley a estudio actualmente, modifica sustancialmente la que está vigente desde el año 2004.

El nuevo marco legal que se viene, además de facilitar las técnicas para escuchas telefónicas y crear la figura del agente encubierto y de la protección al informante entre otras, «allana el mecanismo conocido como la prueba indiciaria, que es la acumulación de indicios que conduzcan a una misma conclusión, a una misma responsabilidad. No es fácil probar que una persona o una societaria movilizó fondos para definitivamente lavar dinero» dijo el jerarca.

Si bien el número de procesados en los últimos tres años por lavado de dinero llegó a cifras sin registro en el país, los bienes incautados por ese delito rondan los 10 millones de dólares. Si bien Gil entiende que es «una cifra importante», aseguró que ese monto «es una parte menor del volumen de dinero ilícito que mueve el crimen organizado».