Repercusión diplomática

La posible negativa de la Justicia brasileña de otorgar la extradición del torturador uruguayo Manuel Cordero ya ha arrojado repercusiones políticas y diplomáticas dentro del Mercosur, donde los crímenes de las dictaduras de los años setenta vienen siendo juzgados en Argentina, Chile y Uruguay. En Buenos Aires, el tema habría generado preocupación dentro de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Argentina, donde los fiscales federales Mirna Goranski y Pablo Ouviña preparan un juicio público por la causa Plan Cóndor, que instruía el juez Guillermo Montenegro, actual ministro de Seguridad de Buenos Aires. También en Brasilia, fuentes oficiales señalaron a LA REPUBLICA su malestar por el pronunciamiento del ministro Marco Aurelio de Mello, que ya ha generado múltiples protestas.