Brasil puede transformarse en refugio  de los criminales de lesa humanidad

Brasil puede convertirse en el refugio mundial de los criminales de lesa humanidad si su máximo órgano de justicia, el Supremo Tribunal Federal (STF), termina por negar la extradición al coronel uruguayo Manuel Cordero, requerido por las justicias de Argentina y Uruguay por secuestros, torturas, tráfico de niños y desapariciones forzadas.

La eventual negativa a la extradición se planteó el pasado 10 de setiembre cuando los ministros del STF comenzaron a pronunciarse en el caso y, sorpresivamente, el presidente del órgano judicial, ministro Marco Aurelio de Mello, votó en contra de lo recomendado por la Fiscalía, que admitía la requisitoria por delitos específicos. En la votación del órgano judicial brasileño ya se conoció un pronunciamiento a favor de la extradición, el del ministro Ricardo Lewandowski, y un tercer juez, el ministro Cezar Peluso, pidió posponer la sesión para estudiar con mayor detenimiento el caso donde aparecen opiniones encontradas. La posición de Marco Aurelio provocó múltiples reacciones dentro de Brasil, donde hubo declaraciones de repudio de organizaciones de derechos humanos, el tema se destacó en la prensa y la situación generó preocupación en el gobierno del presidente Inácio Lula Da Silva, presionado para abrir los archivos de la dictadura (1964-1985).

 

Piel de lobo

Cordero se había fugado a Brasil en 2004 para evitar un juicio de desacato con ofensa que le inició el juez penal José Balcaldi, quien lo indagaba en un caso por apología de la tortura. En febrero de 2005 fue ubicado en Santana do Livramento y requerido por el juez federal argentino Guillermo Montenegro quien seguía la causa del Plan Cóndor. El pedido de extradición Nº 974 siguió entonces un largo proceso, con múltiples escritos dilatorios interpuestos por la defensa del militar uruguayo, quien permaneció detenido en la sede de la Policía Federal de Porto Alegre, fue luego trasladado al presidio de Santana do Livramento y finalmente alojado en la Brigada Militar Nº 2 de esa localidad. La detención de Cordero también fue impulsada por el juez penal de 19º turno de Uruguay, Luis Charles, quien requirió al militar por su participación en la privación de libertad del uruguayo Adalberto Soba, secuestrado en Buenos Aires en setiembre de 1976, quien permanece desaparecido. El coronel Cordero, del arma de Artillería, tenía el alias de «303» en la Oficina Coordinadora de Operaciones Antisubversivas (OCOA) y operó en el centro clandestino de torturas Automotores Orletti de Argentina, donde medio centenar de uruguayos fue torturado y trasladado ilegalmente a Uruguay, donde la mitad fue desaparecida.

 

Voto político

La extradición de Cordero fue estudiada por el presidente del STF, Marco Aurelio de Mello ­primo del ex presidente Fernando Collor­ quien a su vez ocupaba la presidencia de la Corte Electoral y tuvo enfrentamientos con el presidente Inácio Lula Da Silva y el procurador general de la República, Antonio Fernando Barros e Silva de Souza. El ministro Marco Aurelio de Mello, quien había dado lugar a las múltiples «chicanas» jurídicas de la defensa de Cordero, terminó por pronunciarse en contra de la extradición del torturador en un polémico fallo que ha generado múltiples críticas y rechazo en ámbitos judiciales, políticos y diplomáticos de Brasil. Marco Aurelio de Mello sostiene que Cordero fue indultado por el gobierno argentino de Carlos Menem, pese a que esa gracia fue luego declarada inconstitucional, y llega a afirmar que el caso podría abrir heridas en Brasil donde la amnistía votada en 1979 está siendo cuestionada por organizaciones sociales y de derechos humanos. El presidente del STF también había recibido críticas cuando en lo que se calificó como un prejuzgamiento afirmó que ningún militar brasileño podía ser extraditado a Italia, al conocerse el pedido del fiscal de Roma Gianncarlo Capaldo, quien instruye una causa sobre los descendientes de italianos desaparecidos durante el Plan Cóndor.