Suspensión de los lanzamientos a arrendatarios en predios lecheros

No hay caso. Son como el agua y el aceite. Cuando todos esperábamos que gobierno y oposición fueran a tener una jornada parlamentaria que sonara afinada como un instrumento, cayeron en sus manos dos proyectos de ley de perfil agropecuario que pateó la estantería y otra vez hubo jaleo.

Y eso que temprano habían aprobado por unanimidad, juntitos y modositos, el proyecto de ley que restringe el uso de las bolsas de nylon y envases de plástico. Pero la felicidad no es completa entre los Diputados y los proyectos sobre tierras provocó rispideces y prolongó la sesión muchas más horas de la prevista; hasta a la noche ya le habían salido ojeras.

Vamos a relatar en principio ese proyecto que ahora pasó al Senado y que todos votaron afirmativamente, el que a través de penas y subsidios reduce el uso de las bolsas de nylon (el proyecto dice «plástico») o de material no biodegradable hasta su mínima expresión.

La norma legislativa fue propuesta por el diputado Uberfil Hernández (MPP) y consta de 12 artículos. No se promueve en este proyecto el retorno de la ya archivada bolsa «chismosa» para allí transportar los productos que uno adquiere en los expendios, sino que la ley busca que las futuras bolsas deberán estar construidas «de material degradable, oxibiodegradable o biodegradable».

Las actuales bolsitas de nylon «deberán ser sustituidas en forma progresiva» por aquellas otras más «amigables» con el medio ambiente. La progresividad mencionada en esa migración de una bolsa «contaminante» con la otra «biodegradable» que aún no conocemos, deberá darse «en un plazo que no podrá superar los 24 meses» a partir de la promulgación de la ley.

Aquellos establecimientos comerciales que no adquieran las bolsas biodegradables serán pasibles de sanciones que también incluye el proyecto aprobado anoche.

En primer lugar habrá un apercibimiento. Si persiste en la falta ecológica, se le aplicará una multa «que no superará el 24% de la recaudación correspondiente al día en que se verificó la infracción».

Si luego de este paso el comercio insiste en no proveer a sus clientes de las bolsas biodegradables, bueno, algo debe estar funcionando mal en ese comercio porque en ese caso, se procederá a la «clausura o inhabilitación que podrá oscilar entre 3 y 30 días».

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, será el responsable de la aplicación de la ley, como así también el contralor de su cumplimiento.

La diputada Mónica Travieso (FA) sostuvo en el debate, en tren de apoyar la ley, que se trata de «un proyecto de avanzada» y que da lástima «ver a gente adulta tirando bolsas de plástico en la calle».

Sergio Botana (PN) que, como ya se sabe no vota leyes que según él luego no se cumplen, dio su voto favorable a «un pequeño gran proyecto de ley», dijo. Edgardo Rodríguez (FA), diputado por Tacuarembó, consultó acerca de que si las bolsas de leche estaban incluidas en el proyecto aprobado y en consecuencia, su futuro estaba liquidado. Jorge Patrone le advirtió que esas bolsas estaban amparadas en la ley 17.849 que le concede a esos envases el calificativo de «reciclables» y que no iban a ser cambiadas. Hasta ahí, todos soñamos con aquellos envases de gruesos vidrios en los que venía la leche, pero no podrá ser. Luego de aprobado esto, vinieron los proyectos sobre la transferencia gratuita al Instituto Nacional de Colonización de 270 hectáreas en la costa de Rocha, dos predios con vista al océano. Los diputados blancos Luis Lacalle Pou, Alvaro Alonso y Rodrigo Goñi aseguraron que tras esa concesión existe «algún negocio turbio». Se aprobó por 44 en 51 presentes. Posteriormente se trató el proyecto que suspende por un año las ejecuciones a arrendatarios de predios destinados a la lechería.

Aquí también hubo dudas de la legitimidad de la iniciativa por parte de la oposición. Incluso, en el mismo Frente Amplio, algunos legisladores expresaron que la votaban «por disciplina partidaria», como Diego Cánepa.

Se aprobó, luego de un áspero debate que rozó aspectos legales y constitucionales, por 47 en 51 legisladores presentes. A esa altura, el reloj marcaba las 22.10 hs. El proyecto pasó al Poder Ejecutivo.