FA respaldó el envío del proyecto al Parlamento

Hay consenso en el Frente Amplio (FA) en la necesidad de que se construya una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo en acuerdo con privados. No obstante, algunos sectores de la fuerza política mantienen la preocupación sobre el control que el Estado tendrá del emprendimiento.

Todo el FA concuerda en que es central proceder a la creación de una segunda terminal como objetivo estratégico para desarrollar el Uruguay Productivo. También se entiende que el Estado no cuenta con los recursos para hacer una inversión de tal magnitud, por lo que es necesario asociarse con privados para su construcción, pero persisten las discrepancias en torno a la forma que adquirirá esa asociación. El MPP y el PCU insisten en que hay que tomar todos los recaudos necesarios de forma de asegurar un fuerte control del Estado en el emprendimiento.

Este tema estuvo presente el pasado viernes durante la comparecencia del ministro de Transporte, Víctor Rossi, a la Mesa Política del FA. Según indicó Rossi, la iniciativa (elaborada por su cartera) habilita la realización de un llamado a subasta pública para proceder a la concesión de la terminal por 30 años, a cambio de lo cual el Estado cobrará un canon fijo y otro por movimiento. El proyecto está actualmente en manos del presidente Tabaré Vázquez y sería analizado en el próximo Consejo de Ministros.

Si bien el órgano resolvió por unanimidad «respaldar el envío de un Proyecto de Ley que será considerado por el Parlamento», algunos sectores consultaron al jerarca sobre el control que el Estado tendrá del funcionamiento de la terminal.

El MPP propuso a Rossi que se analizara la posibilidad de que exista la figura del síndico, que aunque no tenga incidencia en las decisiones del futuro Directorio pueda participar del mismo como contralor. En tanto, desde el PCU se reiteró que la postura del sector es que el Estado tenga efectiva participación en las definiciones que afecten a la segunda terminal.

El presidente de la ANP, Fernando Puntigliano, indicó ayer a LA REPUBLICA que la preocupación de los sectores es legítima, indicando que aún no están definidas las formas de contralor que se adoptarán, las cuales se precisarán en la reglamentación de la iniciativa. El jerarca señaló que hay varias alternativas en estudio, las cuales no necesariamente incluyen la participación del Estado como accionista.