Anomalías detectadas en entes en el período de Batlle van a la Justicia

LA REPUBLICA habló con el legislador acerca de lo que ha sido la actuación de la comisión en los más de tres años que lleva funcionando. El diputado dijo que, entre los rasgos comunes que pueden identificarse en la gestión de las empresas públicas entre los años 2000 y 2005, está el uso inconveniente e irregular de la publicidad oficial, el otorgamiento de donaciones sin otro criterio aparente que el «clientelismo» y el ingreso irregular de personal. La comisión investigó las gestiones de los directorios (comprendidos en el período antes mencionado) del BHU, UTE, Antel y OSE, y aún está investigando la de Antel, OSE y Correos.

Varela señaló que, en algunos casos, se constataron ilegalidades, lo que ameritaría que el informe final de la comisión investigadora (que estará elaborado en el mes de diciembre) sea enviado a la Justicia. «Yo soy de la opinión de que todo lo que se actúa en la comisión debe ser enviado a la Justicia. Primero, porque hay algunas causas (relacionadas con las investigaciones de la comisión) que están en la Justicia hoy y otras que se han cerrado pero que se pueden volver a abrir si hay elementos nuevos que puedan surgir», expresó.

 

­¿Qué tipo de irregularidades se han repetido en los distintos entes que han investigado?

­La Comisión tiene como objeto investigar la posible ilegalidad, conveniencia u oportunidad de los gastos. No siempre lo inconveniente o inoportuno es ilegal. De hecho, muchos de los elementos que hemos constatado, que se puede decir que son casi una permanencia en la gestión pública de estos últimos años, no necesariamente son irregularidades o ilegalidades.

Una de las cosas que constatamos en la mayoría de los casos tiene que ver con la forma en la que se otorgaba la publicidad. Yo diría que, salvo en el caso del Banco Hipotecario, donde la Justicia ya ha actuado, en los demás lugares no hemos encontrado elementos de juicio que demuestren que ha habido una irregularidad, pero lo que sí uno pude verificar es la inconveniencia de la manera en que se otorgaba la publicidad oficial.

Por ejemplo, fácilmente se puede identificar el otorgamiento de la publicidad oficial por parte de los directores con su lugar de origen, lo que nos lleva a pensar que no hubo elementos técnicos que se tomaran en cuenta ni una racionalidad en cuanto al producto que se intentaba publicitar.

Hay también una línea identificable en cuanto al otorgamiento de publicidad y las afinidades político partidarias, con los medios que recibían esta publicidad. Ahora, si uno ve la norma, no hay ilegalidad, todo fue hecho mediante resoluciones de directorios o mediante contratos. Lo que en todo caso hubo fue un mal uso de esos recursos.

 

­No hubo ilegalidad entonces porque no hay normas claras que regulen el uso de la publicidad…

­No las hay, y es por ello que creo que va a haber una serie de conclusiones que esta comisión va a sacar en relación a que es muy probable que, en algunos aspectos de la gestión pública, tengamos que actualizar normas y hasta crear nuevas. En el caso de la publicidad oficial, es notorio que falta una ley que dé garantías a los directores que hoy están actuando, porque están tomando decisiones que quizá, en un futuro, puedan ser juzgadas por otros que tengan otra visión de cómo debe ser la gestión pública, como inconvenientes.

En relación a esto hay una cuestión muy llamativa que se verifica en todos los entes y que es que varios ex directores señalan que ellos otorgaban publicidad a medios de bajo tiraje, con el criterio de que se debe garantizar la existencia de esos medios, porque es una forma de transmitir la diversidad de las ideas y eso alimenta al sistema democrático. Conceptualmente yo puedo estar de acuerdo, pero con lo que no estoy de acuerdo es que esa es una función de las empresas públicas.

 

­Y en cuanto al otorgamiento de donaciones. ¿También se constataron rasgos comunes?

­El tema donaciones también se manejó con una total libertad que otorgaba la inexistencia de normas o la extrema flexibilidad de las mismas. Allí lo que podemos encontrar es una cierta preocupación social de ex directorios en el sentido de apoyar obras para proyectos sociales en todo el país, lo cual, en principio, no está mal. Lo que no estoy de acuerdo es que esto se hacía sin un apoyo técnico (aunque hay excepciones) y, en casi todos los casos, nos informaron que no había un seguimiento del impacto social que tenían las inversiones que se realizaban. Por otra parte, sabemos que estas donaciones fueron utilizadas con fines absolutamente clientelísticos. Si bien nadie lo admitió, bastaba con ir en épocas electorales a cualquiera de los barrios de Montevideo para saber cómo se utilizaban las bolsas de pórtland, líneas eléctricas, etcétera.

Otro de los aspectos comunes que vimos en los distintos entes, que uno puede verificar, es la desigualdad en cuanto a las capacidades y conocimientos que tenían quienes asumieron responsabilidades en las empresas públicas. En algunos casos era gente preparada, pero en otros casos a uno le llama la atención que determinada gente haya asumido algunas funciones, porque notoriamente no tenían ninguna capacidad. Todos saben que en Uruguay, muchos frustrados diputados y senadores terminaban premiados con cargos públicos o embajadas y así le iba al país. Uno de los cambios positivos de este gobierno es que, cuando uno ve las personas que integran los distintos directorios de las empresas públicas, uno se enorgullece de la capacidad, de la responsabilidad y de la experiencia que tiene la gente que fue designada.

 

­La Comisión estuvo cerca de un año investigando al BHU. ¿Fue allí donde se identificaron la mayor parte de las irregularidades?

­El BHU es la colección de irregularidades, inconveniencias e ilegalidades. Allí había de todo. En lo que respecta a la publicidad, se contrató publicidad a futuro por una cifra millonaria en dólares sin ningún control de las pautas, al punto que, cuando asumió este directorio, se encontraron una gran cantidad de tiempo pendiente de publicidad en los medios, pago desde varios años atrás.

Ahí también nos encontramos con que se contrataban empresas a través de un sistema licitatorio que increíblemente otorgaba nuevas licitaciones a empresas que habían fracasado en proyectos que habían ganado antes. La calidad de la construcción era otro de los problemas. El BHU asumía el compromiso de reparar malas construcciones que habían efectuado empresas que desaparecieron. Esto, lógicamente, pone en tela de juicio a los controles de calidad de la construcción.

Por otra parte, el anterior directorio dejó una enorme cantidad de juicios pendientes, por problemas contractuales o malas prácticas de gestión que le significaron al Estado y aún le pueden significar pérdidas millonarias.

Asimimo, hubo una gestión de los gastos del directorio, yo diría, por lo menos, irracional e inclusive, con gastos que estaban asignados a los directores para que, en forma absolutamente discrecional pudieran utilizar, sin rendición de cuentas. El BHU es una suma de todo lo que no se debe hacer en una gestión.

 

­¿Esta administración terminó con esas partidas extra que tenían los directores?

­Los directores de varios entes (los de BHU y los de Ancap, entre otros) tenían partidas para utilizar, de acuerdo a sus criterios. Estas se utilizaban para otorgar publicidad o donaciones y, en la mayor parte de los casos, la publicidad estaba en relación directa con los medios del lugar de origen del director. Estas partidas, que desaparecieron en esta administración, terminaban siendo utilizadas para clientelismo. El caso de la publicidad que se otorgaba al semanario Patria fue muy evidente, ya que quien la otorgaba era el director herrerista (Pablo Abdala). Esto lo hizo sin violar ninguna norma.

 

­En el caso de Ancap, a estas desprolijidades se le sumó la violación de la norma que prohibía hac
er donaciones a otros organismos del Estado ¿no?

­Sí, la norma establecía que no se podían dar donaciones en metal, sino que tenían que ser en material. Nosotros verificamos que hubo donaciones en dinero. También se violó la norma de que no se podía pagar publicidad si no se verificaba que la misma se había realizado. En el caso de (el semanario) Patria, esto es notorio.

Otra de las leyes que se violaron permanentemente es la que tiene que ver con las pasantías. Se violaba, tanto en la cantidad de pasantes, en el tiempo de duración de las pasantías, en la edad de los pasantes, etcétera. Eso es una generalidad en los entes que este gobierno heredó y que ha venido corrigiendo.

 

­Otra de las cuestiones que parece ser una constante es el aumento del gasto en publicidad en años electorales…

­Sí, eso es otra constante, que incluso no se da sólo en estos 5 años. La curva de publicidad, donaciones y otorgamiento de viviendas (en el caso del BHU) asciende llamativamente en los años electorales. Lo cual está en relación con la ausencia de marcos legales.

Por otro lado, otro caso llamativo de UTE era que, quienes eran asignados para integrar el directorio, cobraban un sobresueldo que era razonable mientras estaban en funciones. Pero, lo llamativo es que, cuando volvían a su tarea normal, seguían cobrando hasta el fin de sus días ese sobresueldo. Eso se fue modificando progresivamente y, en esta gestión, ese sobresueldo se cobra sólo mientras la persona ocupa el cargo en el directorio.

 

CONCURSO «OBLIGATORIO» AL PARLAMENTO PARA EX JERARCAS

El diputado Varela señaló que, a su criterio, debería establecerse la obligatoriedad de que todos quienes hayan cumplido alguna reponsabilidad en empresas públicas, concurran al Parlamento en caso que este los convoque. El legislador remarcó que un número importante de los jerarcas citados durante la actuación de esta comisión no concurrió al Parlamento. «Fue lamentable que muchos ex directores, ex presidentes y ex gerentes no fueran a la comisión. Nosotros jamás los citamos en carácter de imputados de nada, sino para saber su opinión y, al no concurrir, a nosotros nos incrementa la sospecha de que algo raro hubo. Esto también debería modificarse desde el punto de vista legal, establecer que aquellos que tuvieron responsabilidades en empresas públicas deben concurrir al Parlamento cuando este los cite, aunque hayan culminado su período», dijo el legislador.

En el caso del BHU, más de la mitad de los citados no concurrieron al llamado del Parlamento. Entre estos estuvieron: Jorge Conde Montes de Oca, Carlos Luján Soria, Norberto Sanguinetti, Jorge Sacchi, Salomón Noachas, Ariel Lausarot, César Ausqui, Hugo Bolonini, Elbio Scarone, Ruperto Long y Ruben Martínez Huelmo (quienes si bien no fueron enviaron un informe) y los arquitectos Cirillo, Valazza y Hernández.

 

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

El legislador señaló que, a futuro, «va a haber que discutir» si los directores de los entes y servicios descentralizados no deberían tener algún tipo de responsabilidad patrimonial en ciertas decisiones. El diputado remarcó que son muchos los casos de empresarios que han sido eficientes en la actividad privada y no así en la pública, indicando que una de las causales de esto es que el resultado de su gestión no afecta directamente a su patrimonio. «Habría que analizar si en algunos casos no hay que responder patrimonialmente por algunas decisiones, que ya no son de criterio, sino que son netamente ilícitas. Yo no puedo poner en tela de juicio una decisión que se tomó con toda la buena voluntad y resultó mal, pero sí puedo responsabilizarlo patrimonialmente si puedo demostrar que esa persona actuó de mala fe», expresó.

Por otra parte, Varela destacó que, para que estas irregularidades, o malos usos de los fondos públicos se llevaran adelante, una cuestión clave fue la falta de control social. El legislador dijo que es el deber de la sociedad reclamar rendiciones de cuentas públicas, así como también es deber de los partidos políticos que designan a los funcionarios, hacerse cargo de la gestión de los mismos. «Los directores de las empresas públicas no son cargos de carrera ni la gente los vota, los designa un partido político o varios de ellos. Entonces, debería ser natural en un sistema democrático que, cuando termina su gestión, haya una rendición de cuentas pública y que haya una asunción de responsabilidad por parte de la gente que lo designó. A mí me llama la atención como en casos extremos como el del BHU, donde hay gente procesada, no hubo un solo comentario de la gente que designó a esas personas asumiendo la responsabilidad», dijo, agregando que «tampoco el pueblo lo reclamó».

 

MAS DE 3 AÑOS DE INVESTIGACIONES

La Comisión Investigadora para estudiar y pronunciarse sobre la legalidad, oportunidad y conveniencia de gastos realizados por determinados entes autónomos y servicios descentralizados entre el 1º de marzo de 2000 y el 1º de marzo de 2005, se creó a principios de 2005 y fue una iniciativa del diputado José Carlos Mahía. El legislador propuso gestar la comisión luego de realizar una serie de pedidos de informes sobre los gastos de ex directorios de entes y servicios descentralizados de los cuales surgió una serie de irregularidades. Varela señaló que «a partir de las respuestas parciales que se comenzaron a recibir se generó una sensación de que era necesario crear en el Parlamento una comisión investigadora para avanzar seria y profundamente sobre el período 2000-2005″.

El diputado de Asamblea Uruguay recordó que la comisión se creó exclusivamente con los votos del oficialismo. «La oposición no quiso votar la comisión señalando que estarían dispuestos a votarla si se avanzaba con el período actual. Nuestra contestación fue que sobre el período que estábamos proponiendo investigar habían ya elementos de juicio que ameritaban establecer una comisión investigadora. Sin embargo, sobre la actualidad no había ningún elemento que ameritara la creación de una comisión investigadora».

El jerarca expresó que si bien investigaciones parciales evidenciaron que también se dieron irregularidades, o al menos, inconveniencia de determinados gastos, en períodos anteriores, por «un problema de método y tiempo de trabajo» la comisión debió limitarse a este período.

Ya se ha investigado al BHU, UTE, Antel y OSE, y aún están abiertas las investigaciones de Antel, OSE y Correos. Varela señaló que el ente que más tiempo llevó fue BHU, por la cantidad de irregularidades que allí ocurrieron. En los casos de Antel y BSE, el legislador dijo que fueron «capítulos que pasaron sin mayores dificultades», mientras que OSE, en el cual hace poco han incursionado, expresó que son conscientes de que «por lo que han sido las actuaciones de la Justicia va a ser un capítulo complicado». En lo referente a Correos, Varela  agregó que allí las desprolijidades se separan un poco del resto, ya que fundamentalmente tienen que ver con el manejo del personal y la contratación de empresas tercerizadas.