Piden reglamentar función del Comisionado carcelario

La controversia desatada entre el Comisionado Parlamentario para asuntos carcelarios, Alvaro Garcé, y el jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, por denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos en la cárcel canaria, ha disparado en el Parlamento la necesidad de revisar y reglamentar la labor del Comisionado a la que se le ha notado un proceder de dudosa efectividad, según se desprende en la versión taquigráfica de la sesión del pasado jueves de la Comisión Especial de seguimiento carcelario, por parte de legisladores del gobierno y del Partido Colorado.

Informes sobre la situación de las cárceles que no llegan al Ministerio del Interior, pedidos verbales y sin certificar sobre traslados de reclusos, visitas a establecimientos penitenciarios del personal que asiste al Comisionado y gestiones que despiertan dudas sobre su legalidad se transformaron en el nuevo escenario que se ha construido tras la comparecencia en la Comisión Especial de la ministra del Interior, Daisy Tourné.

La secretaria de Estado expresó que le «llamó la atención» los reiterados pedidos verbales del Comisionado Alvaro Garcé a las jefaturas policiales departamentales de traslados de reclusos, agregando que, respecto a esos traslados, «sólo algunos casos tienen que ver con el narcotráfico (…); estoy convencida de que el Comisionado no tiene vinculación con el narcotráfico», sostuvo, según el acta de la sesión del pasado jueves, a la que tuvo acceso LA REPUBLICA.

También se desprenden detalles sustanciales de la gestión realizada por Garcé vinculada a la solicitud de traslado de los dos reclusos procesados por narcotráfico en Canelones y que a la postre se convirtieran en el disparador del entredicho con el jefe de Policía canario.

Según nota remitida por Guarteche a la ministra del Interior, Garcé «faltó a la verdad» cuando éste le aseguró que los traslados de los dos narcotraficantes «ya estaban arreglados» con las autoridades de la cárcel de Treinta y Tres y que «se debían hacer de inmediato». «Le hice saber a una secretaria del doctor Alvaro Garcé mi preocupación, puesto que los dichos de éste no se habían ajustado a la verdad, estando sorprendido por la forma en que se había manejado la petición», señaló Guarteche en su relato a la ministra.

Los dos presos, según el dictamen de Garcé, debían ser trasladados de su reclusión en Canelones a la ciudad de Minas y, desde allí, la Policía olimareña se iba a encargar de llevarlos a la cárcel departamental, itinerario que inquietó a más de un legislador en la Comisión.

La controversia entre el Comisionado y el Jefe de Policía de Canelones se dirimirá ahora el próximo martes 23 de setiembre en los estrados judiciales, tras la acción emprendida por Guarteche contra Garcé.

Pero, las dos sesiones de la Comisión Especial para el seguimiento carcelario dejó al descubierto vacíos en la reglamentación de la ley que creó la figura del comisionado parlamentario.

«Quizás lo que deberíamos hacer es reglamentar algunos aspectos, ya que me doy cuenta de que ahí macaneamos. Armemos un procedimiento y a los que nos gusta esto nos sentamos, redactamos un texto, se lo enviamos al Poder Ejecutivo y armamos una mecánica para que el tema no sea talenteado y que cuente con un «timing» procesal», advirtió el diputado Washington Abdala (PC).

«Si el Comisionado Parlamentario llama a un jefe de Policía para decirle que hay un traslado, que está coordinado y autorizado, pero resulta que no es así, este hecho es gravísimo. Esto necesita ser reglamentado», dijo la diputada Silvana Charlone (FA).

«Parece que ahora es una mala palabra o algo espantoso reglamentar o protocolizar la ley. Entonces, ¿hay que reglamentar o no? Creo que sí, que hay que reglamentar», destacó Daniela Payssé (FA).

«Asesores del Comisionado Parlamentario se presentan en los distintos establecimientos carcelarios sin siquiera tener una acreditación de quienes son y dicen «vengo en nombre del Comisionado Parlamentario, quiero entrar, ver tal celda, a tal recluso y déjeme solo». «Hay que tener una regulación elemental y mínima para un tema tan delicado como este», sostuvo Gustavo Bernini (FA).