Militar pide perdón por detención de ex presa política en dictadura

En una sesión dispersa, más que lo usual, los representantes aprobaron la ley que concede licencias especiales para los trabajadores del sector privado.

El proyecto se había aprobado hace algún tiempo en Diputados, fue para la Cámara alta y ayer volvió con el «sí» del Senado aunque con algunas modificaciones, por lo que por segunda vez se volvió a tratar en la Cámara baja. Ahora sólo resta que lo promulgue el Poder Ejecutivo y se haga ley en toda su dimensión. La bancada del Herrerismo fue la única que puso objeción al proyecto, argumentando que traería inconvenientes financieros a las empresas de pequeño porte al verse obligadas a conceder licencias especiales a sus dependientes.

La ley establecerá licencias pagas anuales por estudio, por paternidad, adopción o legitimación adoptiva, por matrimonio y por fallecimiento de familiares cercanos. Los días de asueto no podrán canjearse por salarios o compensación alguna, por lo que si el trabajador decide no usar esos días que la ley le concede una vez al año, a llorar al cuartito, aclaró de antemano uno de los redactores del articulado, el diputado Diego Cánepa, quien ayer, estrenando su condición de nuevo coordinador de la bancada del Frente Amplio, estuvo más atento que nunca a su celular que a la sesión misma.

Las licencias a privados no serán tan flexibles y laxas como las que desde tiempos inmemoriales tienen al alcance de su mano los funcionarios del sector público.

A saber, una vez utilizados los 18 días de licencia a los que se tendrá derecho por ejemplo, por estudio, el beneficiado deberá presentar ante su empleador un documento que certifique legalmente estar cursando alguna materia curricular y que justifique por qué gozó del asueto. Es una especie de comprobante del buen uso del beneficio. Si no lo hace, se penalizará al empleado con la suspensión de la licencia en el año posterior al de la ausencia del documento, pero a no desesperar, que al otro año se le restablecerá el derecho.Además, para beneficiarse con la licencia el trabajador deberá contar con una antigüedad de seis meses en la empresa y avisar con 10 días hábiles de antelación. Las licencias por paternidad (ojo que son sólo para los padres y no para las madres, que ya de por sí y por razones naturales tienen derecho a un período de asueto), adopción o legitimación adoptiva, el beneficio será de tres días, incluido el día del alumbramiento o similar. Aquí también se exigirá certificar el nacimiento «en un plazo máximo de 20 días». De no hacerlo, se les descontarán las jornadas. En el caso de licencia por matrimonio, los trabajadores tendrán derecho también a tres días de asueto (uno de ellos será el mismo día en el que ha decidido cambiar de estado civil) y corroborar fehacientemente que ha contraído matrimonio. Finalmente, las licencias por fallecimiento serán de tres días hábiles de extensión, con el posterior y obligado certificado de defunción a presentar ante la empresa pasados 30 días de ocurrido el luctuoso acontecimiento. Antes de «cronicar» las intervenciones que ocurren en la media hora previa y que nadie escucha -salvo los taquígrafos y usualmente, reconozcámoslo, este servidor-, digamos que en materia de proyectos aprobados ayer se dio trámite también a los referidos a fijar el 20 de noviembre de cada año como el Día del Policía caído en cumplimiento del deber. Se optó por esa fecha en conmemoración de una jornada trágica de la crónica policial ocurrida en 1933, cuando en un procedimiento contra unos delincuentes, en el cruce de la Avenida Agraciada y Zufriategui fallecieron cinco policías. Sí, allí ya hay una plaza que alude al hecho.

También se proclamó la condena al asesinato de dos soldados israelíes. En la media hora previa, el diputado Miguel Asqueta Sóñora (PN) reclamó por parte del Estado especial atención a las personas discapacitadas, «esas que son el 10% de la población». Carlos González Alvarez (PN) le dedicó tiempo a alertar sobre un posible quiebre de la textil coloniense Agolán y no perdió tiempo en responsabilizar del hecho al futuro ministro de Economía, Alvaro García, porque el 100% de las acciones de Agolán son de la Corporación Nacional para el Desarrollo, oficina comandada por el inminente secretario de Estado. Federico Casaretto (PN), por vigésima vez, volvió a pedir que se derogue el Impuesto de Primaria en su departamento, Maldonado, «porque hay otras vías de financiamiento», y habló de gravar el tabaco.

Rubén Martínez Huelmo (FA) quiere al dialecto guaraní como el «idioma oficial del Mercosur».Horacio Yanes alertó sobre las consecuencias que trae aparejada la instalación de emprendimientos comerciales de grandes superficies para los medianos y pequeños comercios. Ojo que con este tema se vienen anuncios importantes.

Finalmente, Heber Clavijo (FA) sorprendió a todos con un homenaje a Blanca Burgueño, activista social de Lavalleja recientemente fallecida.

En la dictadura militar Burgueño estuvo detenida durante algunos años. Pasado el tiempo, su desempeño y su accionar le valieron que un militar, de quien ella fuera prisionera, le reconociera públicamente su militancia y le pidiera «perdón por esa injusticia (porque) las almas buenas no pueden estar presas (…) yo se lo pido en nombre de quienes se equivocaron», escribió el militar en carta pública remitida a un diario de Lavalleja. La carta se publicó el jueves 21 de agosto.