Segunda Ley de Urgencia divide otra vez a gobierno y oposición

En su informe, el Encuentro Progresista considera que este mecanismo representa «una franca falta de confianza en los trámites legislativos que alimenta la cruzada contra los parlamentos y el sistema político en general, que se viene desarrollando en forma sistemática desde medios de comunicación por algunos agentes económicos».

«Esta actitud desde quienes tienen la responsabilidad de gobierno no ayuda a fortalecer el sistema democrático y a sus instituciones, ya que en un momento de recesión económica como el que vive el país, con múltiples descontentos expresados de distintas formas, el descrédito en los actores políticos resulta por, lo menos, una señal peligrosa», agrega el EP.

Al comenzar la sesión del martes, el Nuevo Espacio a través del senador Rafael Michelini solicitará que se le quite al proyecto de ley el carácter de urgente consideración. Michelini se manifestó contrario al uso de este mecanismo con las actuales características propuestas desde el gobierno porque «no se puede legislar adecuadamente» (ver recuadro aparte).

Desde el gobierno, se expresa una visión en las antípodas de la coalición de izquierda. En el informe en mayoría se alude al profesor compatriota Alberto Ramón Real que en sus enseñanzas apela a conceptos de Ruben Correa Freitas, «Derecho Constitucional Contemporáneo», Montevideo, 1993, Tomo II, página 33: «Esta innovación tiende a obtener la manifestación de voluntad, expresa o tácita, del Poder Legislativo, dentro de plazos determinados, sobre ciertos proyectos de ley del Poder Ejecutivo, que este considere urgentes».

En esa instancia, agregaba Correa Freitas –que curiosamente en esta ocasión será el miembro informante en mayoría– «la reforma procura, en este aspecto, combatir la inercia del Poder Legislativo, mediante la fijación de plazos para el pronunciamiento de los órganos parlamentarios y la atribución normativa de efectos positivos a su silencio».

«Así se trata de obtener una reacción contra las malas costumbres parlamentarias, que durante las últimas legislaturas provocaron el desprestigio del Poder Legislativo por su morosidad o ineficacia en la atención de los problemas nacionales, incluso en los casos en que iniciativas importantes y estudiadas del Poder Ejecutivo pudieron ser un buen punto de partida para su solución».

Según el informe que lleva la firma de los senadores colorados Correa Freitas, Alberto Brause y José Jorge Boismenú, y de los nacionalistas Francisco Gallinal y Luis Alberto Heber se aclara que la «declaratoria de urgencia» tiene que ver estrictamente con los plazos fijados por la Constitución de la República para la sanción de las leyes, que en este caso son cuarenta y cinco días para la primera Cámara y de treinta días para la segunda. Pero nada tiene que ver con que al objeto o materia del proyecto de ley sea urgente en sí mismo, dado que es el Poder Ejecutivo quien por razones de oportunidad o conveniencia le asigna el carácter de urgente».

«En síntesis –agrega–, la declaratoria de urgencia es un problema formal, de procedimiento, y no sustancial, material o de contenido».

Según los legisladores de la coalición de gobierno, «en consecuencia, a juicio de la mayoría de la Comisión Especial, el Poder Ejecutivo ha utilizado correctamente, de acuerdo a la Constitución de la República, el instituto de la declaratoria de urgente consideración para el tratamiento legislativo, en un plazo razonablemente breve, de aquellos asuntos, materias o temas que considera de especial interés o importancia, para el desarrollo de la gestión de gobierno, el progreso de la economía y el mejoramiento social».

«Pocos temas urgentes»

En su informe, el EP, con la firma de Margarita Percovich, Alberto Cid y José Korzeniak, sostiene que «el trámite previsto por nuestra Constitución pierde jerarquía con este uso reiterado con iniciativas que incluyen una multiplicidad de temas de los cuales pocos pueden ser considerados urgentes».

«Esta actitud desde quienes tienen la responsabilidad de gobierno no ayuda a fortalecer el sistema democrático y a sus instituciones, ya que en un momento de recesión económica como el que vive el país, con múltiples descontentos expresados de distintas formas, el descrédito en los actores políticos resulta por, lo menos, una señal peligrosa», agrega el EP.

Para la coalición de izquierdas, «la cantidad y heterogeneidad de los temas considerados en el proyecto, desmerecen la seriedad de la labor legislativa».

Por tanto, «salvo la prioridad notoria y razonable de la necesidad de fomentar el empleo, tema de la primera sección de la ley, el resto de temas merecían un tratamiento de mayor profundidad en las comisiones específicas de cada Cámara».