Hay una piedrita en el zapato del intendente de San José, Chiruchi

El doctor Pablo Pucheu, abogado de la Intendencia, designó para declarar en nombre de la comuna a Juan Chiruchi porque es el único que puede contestar por escrito de acuerdo al art. 163 del CGP (Código General del Proceso).

Por otra parte el ejecutivo departamental contrató un abogado consultor, especialista en el tema, para que estudie las «posibilidades» de defensa que tiene. Cuesta US$ 3.000 más IVA ese asesoramiento. En el primer informe que elaboró el doctor Martín Risso Ferrand, se dice: «posiblemente, como tema central, se procurará demostrar la inexistencia de competencia desleal del demandado». Pero el expediente está caratulado «DOS SANTOS DORIS C/INTENDENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE MEDIDA CAUTELAR, COBRO DE PESOS, DAÑOS Y PERJUICIOS Y DAÑO MORAL». Quizá por esa razón el juez habría desestimado la relevancia del escrito que hizo el doctor Risso, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.

No está claro si sus obligaciones incluyan participar de la elaboración de las respuestas que el intendente debe dar, sobre los procedimientos que sigue para otorgar donaciones de balasto. Porque de no existir normas claras y anuencia de la Junta Departamental estaríamos ante una situación en la que se beneficia a privados, en forma discrecional y en perjuicio del erario. No estamos hablando, por supuesto, de 20 o 30 m ³ para arreglar la entrada de un tambito, eso nadie lo cuestiona.

Una rápida recorrida por la lista de beneficiados muestra personas y empresas de conocida solvencia, que recibieron decenas de camiones (10m ³ c/u sin zorra) sólo por el costo del flete. No pagaron el canon ni los impuestos, que para una cantera particular son $ 9 por m ³. La lista incluye a los dueños de una barraca importante, que venden balasto y tienen campo.

Según el art. 250 de la Ley Nº 16.320 Dinamige «no podrá dar trámite ni otorgar títulos mineros sobre las áreas incluidas en el inventario de Canteras de Obras Públicas» (que compete a la Dirección de Vialidad del MTOP). La cantera que explota la Intendencia actualmente figura en ese inventario. Fue incluida para salvar la situación anterior, cuando se extraía material sin ningún tipo de habilitación y por eso fue clausurada. Es un predio de más de 80 hectáreas, seguramente la cantera más grande del país. No son de conocimiento público los términos del contrato que vincula a la IMSJ con el dueño del campo y los costos de funcionamiento de la explotación minera. La larga lista de donaciones, los volúmenes que significan sugieren que en el costo total de la cantera (que pagamos todos) una parte importante se la lleva ese rubro.

Las canteras que se explotan por parte de empresas privadas deben gestionar un permiso de explotación que las obliga a pagar un canon mínimo aunque no registren actividad. Por ejemplo una chica, que declare 110m ³ por día, paga $120.000 semestrales. Equivale a 10 0 12 viajes por día y se necesita dos operarios como mínimo, 200 lts. de combustible, aceite, etc. Empresarios del ramo afirman que sacando 300m ³ ya resulta rentable y se puede hacer, en la zona, en un predio de 2 hectáreas. Con este nivel de trabajo se gastarían todos los días un juego de dientes del Caterpillar que vale $ 4.500. La cantera municipal trabaja bastante más que eso. El 15 de agosto Néstor López, inspector de Dinamige, declaró en el juzgado: «Constatamos una cantera que tenía bastante movimiento, se sacaba mucho material. Creo que la gente que está en la cantera eran empleados municipales, la maquinaria y todo era de la intendencia. (…) Vinimos a pedirle la documentación que la habilitara a sacar material y nos dijeron que estaban en trámite, volvimos a los quince días y levantamos el acta de clausura… La intendencia no tenía habilitación para extraer material…» López explicó que pararon camiones que no tenían las guías correspondientes, aunque eran particulares y el destino del material era una empresa privada. Ediles del Frente Amplio están estudiando si eso no constituye también un delito.