Coordinadora para anular la Ley de Caducidad pide militancia al FA

Fuentes de la organización dijeron a LA REPUBLICA que en los últimos días han notado una «mayor predisposición de la gente» a firmar pero «nos falta militancia para ir a recogerlas».

Sindicatos y organizaciones sociales participan desde hace meses en la recolección de firmas. Sin embargo, pese a que el Frente Amplio votó apoyar la campaña en su último Congreso, hasta ahora es «escasa» la participación de la militancia política de la izquierda, consignaron las mismas fuentes. La campaña por la anulación de la ley volvió a centrar la atención de la opinión pública días pasados al suscribir una papeleta el senador José Mujica. Luego el ministro de Defensa, José Bayardi, hizo pública su postura contraria a la permanencia de la ley en el sistema jurídico nacional, aunque aclaró que no firmaría. Anteriormente, sí lo había hecho el actual prosecretario de la Presidencia y hermano del presidente, Jorge Vázquez. A su vez, varios intendentes del FA, entre los cuales están el de Maldonado Oscar de los Santos; de Rocha, Artigas Barrios, de Treinta y Tres, Gustavo Amaral, así como el nacionalista Walter Zimmer de Colonia, también firmaron. Además, lo hicieron el escritor Eduardo Galeano y la poetisa Idea Vilariño (ver foto). El objetivo de la campaña es reunir la firma del 10% de los habilitados para votar (unas 254 mil firmas), para poder llevar a plebiscito una reforma de la Constitución que declare nulos los cuatro primeros artículos de la ley 15.848. Esto se lograría mediante un nuevo literal en la sección de «Disposiciones transitorias y especiales», en el que además se establecería que deben tenerse por inexistentes las resoluciones del Poder Ejecutivo que hayan incluido casos que hubieran quedado al amparo de la Ley de Caducidad, y que corresponde al Poder Judicial, por lo tanto, retomar esos casos, sin que los involucrados puedan invocar que ya existe «cosa juzgada» ni que los delitos prescribieron desde la aprobación, el 22 de diciembre de 1986, de la norma que se anularía. La anulación de leyes por esta vía no está prevista expresamente en la Constitución, pero los promotores de la campaña señalan que tampoco está prohibida, y que hay antecedentes de normas eliminadas como si nunca hubieran existido, como ocurrió, por decisión parlamentaria y después del retorno a la democracia en 1985, con muchas de las que habían sido aprobadas durante la dictadura.

El abogado Oscar López Goldaracena recordó que el Parlamento en cualquier momento puede declarar nula la ley, lo que haría innecesaria la reforma, pero remarcó que «el centro de gravedad para la decisión es la ciudadanía».