Penas alternativas y eliminación del 222

La comisión interministerial de seguridad pública prepara un paquete de iniciativas que incluye, entre otras cosas, el impulso de nuevas medidas alternativas a la prisión, el monitoreo constante de comisarías junto con la creación de un sistema informatizado de denuncias, el desmantelamiento progresivo del servicio 222 y el reforzamiento institucional del Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Estas propuestas serán presentadas el próximo jueves 4 de setiembre al presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien resolverá a través de qué mecanismos las impulsará.

Sin embargo, se estima que muchas de las iniciativas requerirán de la redacción de proyectos de ley, y otras se aprobarán por resolución presidencial. De todas maneras, es un hecho que para «atacar ciertas deficiencias» en el sistema de seguridad pública hay que destinar «mayores recursos».

En ese marco, desde el gobierno se apuesta a la «cooperación internacional» y eventuales «préstamos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aspectos en los cuales están trabajando tanto el Ministerio de Economía y Finanzas como la Oficina de Planeamiento de Presupuesto (OPP).

Fuentes integrantes de la comisión interministerial indicaron a LA REPUBLICA que cada uno de los ministerios y oficinas correspondientes están trabajando en un paquete de medidas para presentar ante el grupo de labor y luego elevarlas al máximo mandatario.

Si bien el presidente Vázquez definirá el carácter que adoptarán las medidas, de todas maneras se habla de la posibilidad de una batería de propuestas que abarcarán los distintos puntos. Ayer se reunió por segunda vez el grupo de alto nivel, pero esta vez en las instalaciones del Edificio Libertad.

Informantes participantes del encuentro aseguraron que una de las propuestas que se estudia es la posibilidad de «establecer medidas alternativas» a la prisión. En ese marco se considera que Uruguay dispone de «uno de los códigos más punitivos del mundo, porque un ‘primario’ ­persona que incurre en un delito sin tener antecedentes penales­, por una rapiña va a prisión por dos años y junto a reclusos pesados de las cárceles». Es por ello que es necesario estudiar «medidas alternativas de reparación al daño provocado, porque la víctima no siempre quiere que quien cometió un delito sea privado de su libertad, sino que le reparen el daño, como por ejemplo que realice un trabajo social». Ello va encadenado a la necesidad de contar con un Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados muy fuerte e integrado por técnicos, por ello es imperioso reforzarlo institucionalmente.

También se estima necesario quitar los centros de reclusión de la órbita del Ministerio del Interior y pasarlos al Ministerios de Educación y Cultura, junto con un reforzamiento el Poder Judicial. Asimismo, se estudia racionalizar paulatinamente el servicio 222 hasta apuntar a su eliminación «porque los oficiales muchas veces reparten ese servicio a los suboficiales», cuestionaron fuentes gubernamentales.

«Progresivamente hay que ir desmontándolo porque con dicho sistema no hay una Policía que funcione bien, y esto no lo inventó este gobierno», agregaron los informantes. Por otro lado, también se busca apuntar a un monitoreo constante de las comisarías, porque no se trata de «poner más policías en las calles, sino mejorar la atención policial».