Los colorados optan por la vía judicial

Batlle contra Marenales; Abdala por el Fideicomiso Bolívar-Artigas

La tantas veces advertida «judicialización de la política», jerga inaugurada desde la oposición, vivió ayer un récord para usar un término afín a los actuales tiempos olímpicos. A la misma hora, con idéntico argumento mediático pero en escenarios diferentes, el ex presidente Jorge Batlle anunciaba el inicio de acciones judiciales contra el dirigente del MLN Julio Marenales, por difamación e injurias, y el diputado y líder de «Podemos Más», Washington Abdala, hacía lo propio contra Javier Vázquez, hijo del Presidente uruguayo, y contra legisladores, ministros y empresarios privados. En la conferencia brindada en la Casa del Partido Colorado por Jorge Batlle, que se autodefinió como «el primer preso político» al recordar que había estado unos días detenido durante la presidencia de Juan María Bordaberry, dijo que tenía «la conciencia tranquila» y que tras haber sido acusado días atrás por Marenales de pertenecer al tristemente célebre «escuadrón de la muerte», aseguró que ello «es mentira» y que «no es posible que la gente invente cosas y no se haga cargo de ellas». Destacó que «no solamente todo eso es una absurda falsedad», sino que «hay en juego otras muchas cosas que son de un valor fundamental y trascendente para la vida de la democracia». El ex mandatario, que no aceptó preguntas de la prensa, señaló que «no se puede tener una democracia en donde haya personas que estén, aparentemente, en condiciones de injuriar, de difamar sin responsabilidad», y agregó que la denuncia es presentada en nombre de su familia, de sus amigos «y de todo el pueblo uruguayo». En la conferencia de prensa, Batlle estuvo acompañado por el diputado Daniel García Pintos, por el ex ministro de Industria José Villar y por el ex ministro de Ganadería y actual precandidato quincista Martín Aguirrezabala. «Estas cosas, en lugar de consolidar una apertura hacia el porvenir, no hacen más que daño. Quiero que todos los uruguayos sientan de una buena vez que el país no puede seguir mirando hacia atrás», subrayó. El abogado de Batlle es el ex diputado de la Lista 15 Jorge Barrera, quien radicó la denuncia en el Juzgado Penal de 20º Turno.

 

Ministros, a declarar

En el otro rincón, Washington Abdala anunciaba en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo que promueve ante la Justicia penal de 3er. Turno las citaciones del ex ministro de Industria Jorge Lepra, al actual de la misma cartera, Daniel Martínez, al presidente de Ancap, Raúl Sendic, al ex subsecretario de Industria Martín Ponce de León, a los legisladores Jorge Orrico, Margarita Percovich, José Carlos Cardoso, Jorge Patrone, Jaime Trobo y Alvaro Alonso y a los empresarios Alejandro Lagrenade (titular de Umissa) y a Eduardo Gómez Canon, sobre supuestas irregularidades que él denunció en el marco del acuerdo comercial del Fideicomiso Bolívar ­ Artigas. Abdala aseguró que «existe escasa voluntad gubernamental» para aclarar los hechos por él denunciados a mediados del año pasado en los área de los acuerdos comerciales entre Venezuela y nuestro país, que el Parlamento ha sido «ninguneado» y que no descarta que existan más funcionarios del actual gobierno a ser citados en la nómina de los inminentemente convocados que, por otra parte, ya tiene en su poder la Justicia penal. El diputado fue más allá en sus denuncias y no descarta que el empresario venezolano – estadounidense Jorge Antonini Wilson, recordado por el suceso de la valija con 800 mil dólares no declarada al ingresar a Argentina el año pasado, «tenga vínculos con el titular de Umissa, Alejandro Lagrenade», la empresa responsable de diseñar casas prefabricadas y que se exportan a Venezuela. En Umissa se desempeñan familiares de parlamentarios uruguayos, denunció la prensa meses atrás.

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