Caso Quinteros: Defensa planteó la caducidad de acciones y atacó credibilidad del ex soldado

En una sala repleta de público y de medios de comunicación, María Almeida de Quinteros emprendió una nueva instancia de su lucha por conocer la verdad sobre la desaparición de su hija Elena Quinteros. Luego de que la jueza Jubette decidiera dar trámite al recurso de amparo que solicita a la Justicia que ordene al Ejecutivo indagar los nuevos elementos de la desaparición de la maestra, ayer fue la oportunidad de escuchar los argumentos de la parte demandada, en este caso el Ministerio de Defensa. El abogado de esa cartera realizó una presentación en la que básicamente reiteró los argumentos que el Poder Ejecutivo esgrime desde hace 10 años sobre el asunto de los desaparecidos. La prueba solicitada por Defensa estriba en la remisión de otros expedientes que demostrarían que el caso Quinteros ya se ha investigado o se indaga en otras sedes, lo que haría imposible continuar con la acción.

Pablo Chargonía, abogado de Almeida, sostuvo que el deber del Estado de investigar no precluye nunca mientras las investigaciones no arrojen resultados. Añadió que «Tota» Quinteros mantiene su derecho a ser informada del paradero de su hija y a reencontrarse con los restos.

La jueza acogió el pedido de prueba de los demandados y convocó para una nueva audiencia que se fijará luego de los diez días que dio como plazo para que se remitan las pruebas documentales solicitadas. En esa nueva audiencia, la jueza Jubette decidirá el recurso de amparo presentado por María Almeida de Quinteros para que se indague la suerte que corrió su hija a la luz del testimonio del soldado Sergio Pintado, quien aportó nuevos elementos en una declaración realizada ante la Suprema Corte de Justicia.

Objeciones formales

El abogado de los militares interpuso en primer lugar objeciones formales al recurso de amparo. Sostuvo que en todos los casos el recurso deberá ser interpuesto «dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión». El 29 de diciembre el Poder Ejecutivo comunicó que las declaraciones del soldado Pintado estaban incluidas en la Ley de Caducidad, por lo tanto para el Ministerio de Defensa sostiene que es a partir de esa fecha que comenzaron a correr los 30 días.

También atacaron el amparo porque, según los los representantes de la cartera militar, existen otros medios judiciales que permiten obtener el mismo resultado. La ley que estableció el amparo indica que uno de los requisitos para que prospere el mismo es la inexistencia de otras posibilidades judiciales.

En ese sentido Amondarain recordó que ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) se está procesando una acción de nulidad por la «omisión» del Poder Ejecutivo de cumplir con el artículo 4 de la Ley de Caducidad. Sostienen además que en esa acción está incluido el caso de Elena Quinteros.

«Cumplimos»

Durante la audiencia, el abogado que representó a los militares repitió los públicos argumentos esgrimidos tiempo atrás por el Ejecutivo sobre las investigaciones de Derechos Humanos durante el período de la dictadura. «El Poder Ejecutivo considera haber dado cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 4 de la Ley 15.848, efectuando las investigaciones administrativas en aquellas situaciones que estimó estaban comprendidas en las hipótesis contempladas en esa norma. Ese proceso culminó con los resultados que permitieron las circunstancias especiales de un país en transición y, a juicio del Poder Ejecutivo, no puede ser reabierto. Reabrirlo, tal como lo solicitan los peticionantes, sería violatorio de la letra y el espíritu de la normativa vigente y constituiría un serio revés para los esfuerzos realizados por la sociedad uruguaya para superar los enfrentamientos del pasado», indicó Amondarain citando el texto de la respuesta del Ejecutivo a los familiares de los desaparecidos en diciembre de 1998.

«Delirante»

Por último el ministerio de Defensa atacó la credibilidad del soldado Sergio Pintado, que a comienzos de 1999 reveló nuevos datos sobre los entierros clandestinos de desaparecidos. A juicio del Poder Ejecutivo, Pintado no proporcionó nueva información, «ni aun indicios válidos». «El señor Pintado prestó servicios en la Brigada de Infantería No. 5, ingresando como soldado de 2a., siendo dado de baja tan sólo tres meses después, el 31 de agosto de 1982, por no asimilar la instrucción militar», argumentó el abogado de los militares.

Respecto a las declaraciones de Pintado sobre el traslado de cuerpos de desaparecidos dal batallón de Infantería No. 13, el representante del Ministerio de Defensa sostuvo que «el personal del centro de instrucción de reclutas no realizaba traslados de detenidos ni ninguna otra comisión; el señor Pintado no tuvo ningún tipo de entrenamiento especial, y ni siquiera completó la instrucción básica; no tenía ningún tipo de relación con el plantel de perros del Batallón de Infantería 13; su nombramiento como alférez es inexistente; la muerte de los soldados que menciona como consecuencia de una explosión nunca existió».

Según el Ministerio de Defensa «si el episodio de su captación para lo que denomina la «operación hot dog» se sitúa en el año 86 como dice (Pintado) en un pasaje de su declaración, el teniente general Gregorio Alvarez había dejado la Presidencia y se encontraba en situación de retiro. Si se situara en 1984, como afirma en otra parte, la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela determinaba que no hubiera embajada de la República allí», añadió el letrado.

Según el Ministerio de Defensa la denuncia de Pintado es falsa, «y eso sí implica un juicio de valor, que todo el relato reviste un alto contenido de inverosimilitud, al punto que permite calificarlo de fantasioso, absurdo, y por momentos delirante».

Derecho al reencuentro

Chargonia, el abogado que patrocinó a María Almeida de Quinteros desde el inicio de esta acción prefirió no abrir juicio durante la audiencia de los elementos aportados por la demandada. Anunció, sin embargo, que contestará los argumentos del Ministerio de Defensa en la próxima audiencia.

Luego de la audiencia Chargonia dijo a los medios de comunicación que los argumentos del Ministerio de Defensa «son insostenibles y sustentados en una tesis errónea». «No existe otro remedio judicial a la situación de María Almeida de Quinteros. Tiene un derecho inalienable a informarse y a reencontrarse con los restos de su hija», añadió.

Sobre el argumento de que el tema de los desaparecidos ya fue investigado, Chargonia indicó que «el deber de investigar que tiene el Estado no precluye mientras no se conozca la verdad. Siempre que aparezcan elementos debe investigar, máxime cuando todas las investigaciones no han arrojado resultado».