Reclaman ley que "democratice" el acceso a la publicidad oficial

Uno de los temas que han quedado claros en la labor que viene realizando la Comisión Investigadora de Diputados sobre gastos e inversiones en entes y empresas públicas durante el pasado ejercicio de gobierno, es el referido al descontrol que quedó de manifiesto en el manejo de la publicidad oficial y de las donaciones de los organismos estatales, y la necesidad advertida por la actual administración de crear, casi desesperadamente, una ley que regule esa actividad.

La publicidad oficial y la discrecionalidad en el manejo de las donaciones es casi como un hierro caliente en las manos de los actuales directores de entes y empresas públicas los que desde hace ya un año y medio vienen reclamando al Poder Legislativo y a los representantes del gobierno y por lo visto con muy poco éxito, la presentación de normas legales que la regulen y «democraticen» en su uso para con los medios de comunicación de todo el país, haciendo especial hincapié con los del interior que ­desde que el Uruguay es Uruguay­ éstos ya estaban acostumbrados a la práctica de la «generosidad publicitaria» del político que pertenecía a un departamento y que, estando en ejercicio de un cargo en una empresa pública, privilegiaba con avisos y donaciones a esos medios de comunicación del lugar geográfico al que él pertenecía.

Mientras esto no ocurre, mientras el parlamento analiza la redacción de un proyecto de ley regulatorio, directores de entes, técnicos, publicistas y operadores políticos, vienen trabajando periódica y calladamente en un organismo casi clandestino y que se ha dado en llamar «sociedad de responsabilidad social». Como la palabra lo dice, es una «sociedad» que intenta pasar en limpio el manejo de la publicidad y las donaciones del Estado para con la ciudadanía. Este grupo se conformó a impulsos individuales de directores que asumían en los entes. Desde casi el inicio de este gobierno del Frente Amplio se vio la necesidad de regular el criterio a desplegar en cuanto a la publicidad del Estado y sobre las tradicionales donaciones que desde las más variadas organizaciones sociales, deportivas y culturales, se reclaman a todas y cada una de las empresas públicas.

«Una de las primeras cosas a las que se vieron enfrentados los directorios de las empresas del Estado fue al pedido de las donaciones de entidades sociales y al reclamo de pautas publicitarias de medios de comunicación que veían en ella casi el exclusivo sustento económico» dijo el diputado socialista Gustavo Bernini quien junto al vertientista Eduardo Brenta vienen esbozando las características de un proyecto de ley que establezca los parámetros a los que deberán ceñirse los entes en materia de publicidad y donativos.

«La publicidad oficial se manejó sin criterio alguno en el pasado» dijo Bernini, que además integra la Comisión Investigadora mencionada al comienzo de esta crónica, «pero en este gobierno, una de las premisas fundamentales fue apelar a un criterio publicitario en cuanto a la pauta de avisos públicos, manejándose conceptos de audiencia, llegada al público objetivo, etc».

Sin embargo, el legislador socialista entiende que las donaciones estatales «no deben perderse ni cortarse», por lo que desde la mayoría de las empresas públicas se sigue con esta práctica pero con un detalle: los donativos a entidades deportivas o culturales, ya sea en dinero o especies, se vehiculizan a través del ministerio específico. Es decir, «si Ancap dona material para una institución deportiva, es el Ministerio de Deporte y Turismo que se encarga de hacerlo llegar. Si la donación es a una asociación cultural, hace lo propio el Ministerio de Educación y Cultura o el Mides», señaló.

De esta forma, los directorios de los entes descomprimen los reclamos que le llegan, «cumplen con el vínculo social que debe tener una empresa pública» y se evitan acciones políticas futuras en contra.

«No me parece mal que se retire la publicidad oficial de un medio de comunicación que, a pesar de que tu pautes avisos en él, aún así te critica y actúa en tu contra» dijo el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela, presidente además de la Comisión Investigadora de entes y empresas públicas.

El diputado asambleísta es uno de los que entiende «imprescindible» una ley que «democratice» la publicidad oficial.

«Es necesario que existan controles o auditores sobre el manejo de la cuenta de la publicidad estatal de manera tal que no existan dobles lecturas o desprolijidades como las que estamos corroborando en la Comisión Investigadora, donde aparecen pautas de avisos en semanarios que nunca llegaron a publicarse».

Varela fue quien denunció que el entonces director de Ancap y hoy diputado Pablo Abdala, marcó y pagó avisos con dinero del Estado en el Semanario herrerista Patria que nunca salieron publicados, o por lo menos, en la fecha establecida para esa pauta publicitaria.

A pesar de la necesidad de una ley regulatoria, el gobierno no abriga la esperanza de que sea sancionada en el actual período, «(pero) es imprescindible que en el próximo gobierno se establezcan reglas claras en las cuentas publicitarias del Estado», remarcó Varela.