El decreto sobre la TV satelital "es un absurdo"

En su edición del martes, LA REPUBLICA publicó el decreto firmado por el presidente Julio María Sanguinetti el 10 de febrero, en el que establece que las empresas que importen implementos para la televisión satelital «deberán expresar en forma de declaración jurada que los aparatos importados serán destinados exclusivamente a las empresas autorizadas a prestar el servicio de televisión para abonados».

Directv es la única empresa de Televisión Directa al Hogar disponible en el mercado. Audinel coloca una antena y un decodificador y se accede a 200 canales y a películas adicionales mediante el régimen de prepago. El pago se realiza a través de una tarjeta de crédito internacional.

Pérez indicó al respecto: «Es un absurdo, se supone que según esto me dejarían importar equipos solamente si ‘juro’ que se los venderé a los canales cable. Hoy cualquier ciudadano puede comprar libremente sin restricciones. A partir de este decreto sólo se lo podrán comprar a empresas preestablecidas. Además casualmente son las empresas que administran el cable. Entonces pone en manos de quienes tienen el cable la posibilidad de comercializar un sistema que es mejor, con mayor calidad de imagen, con más canales y más baratos. ¿Cómo sabe el gobierno que las empresas de cable nos van a querer comprar los equipos que importemos? Es verdaderamente de locos».

Según el empresario, uno de los argumentos que manejó el gobierno fue la necesidad de frenar el contrabando y el ingreso ilegal de equipos al país. «Con este decreto consiguen el efecto contrario. Cierran todas las puertas a quienes importamos legalmente, pagamos impuestos y hacemos todos los trámites y las dejan abiertas, ahora más que nunca, para los que traen todo de contrabando. A la gente le impiden ver algo que es muy bueno y que tiene mucho éxito. Lo van a buscar por otro lado, ¿cómo van a impedir eso?, ¿van a revisar casa por casa?».

Pérez también respondió a otro de los argumentos que manejó el gobierno: la necesidad de «terminar» con la evasión fiscal que se produciría, ya que el servicio actualmente se cobra desde México o Argentina a través de una tarjeta internacional de crédito.

Pérez señaló: «En primer lugar, Audinel se presentó en marzo de 1999 ante la Dirección Nacional de Comunicaciones solicitando la autorización para operar y cobrar en Uruguay solucionando ese problema. El escrito ingresó con la carátula 441/99 y hace casi un año que estamos esperando respuesta. Lo único que nos dicen es que está a estudio de Jurídica. ¿Por qué si queremos hacer todo de acuerdo a la ley y cobrar y aportar en Uruguay además de pagar todos los trámites aduaneros como corresponde no nos dejan?».

«¿Prohibirán las computadoras?»

«Por otra parte –agregó–, con el criterio de que hay que prohibir los servicios que se pagan en el exterior tendrían que prohibir Internet. Cualquiera sabe que por Internet se contratan decenas de servicios que se pagan mediante tarjeta de crédito en el extranjero».

«¿Acaso también van a prohibir las computadoras?», se interrogó en tono irónico.

«Esta resolución tiene nombre y apellido, beneficia al oligoplio de la televisión y tiene antecedentes. El año pasado, obedeciendo a presiones del oligopolio de los canales, el Poder Ejecutivo intentó perjudicar nuestra actividad, sacaron un comunicado de prensa tendencioso e hicieron declaraciones tendenciosas; usaron todo el aparato de prensa a su servicio. No pudieron hacer nada, porque nada en la legislación vigente nos prohibía operar. Incluso hubo un pronunciamiento judicial que estableció que nuestra actividad ‘no es ilegal’. Ahora aparece este decreto y nos quieren sacar de la cancha».

Pérez indicó que no se resignará: «Estoy analizando con mis asesores jurídicos los pasos a seguir y no descarto medidas legales buscando impugnar este decreto, que es un absurdo jurídico y comercial». Según el empresario, «están perjudicando al ciudadano común, le quitan libertad y le limitan su capacidad de acceder a información y servicios. Caemos en el absurdo de que me dejaron importar equipos por los que pagué como corresponde todos los trámites e impuestos y ahora no me los dejan vender o, lo que es peor, me dicen que sólo se los puedo vender a los canales cable».

Pérez afirmó que su empresa está establecida hace 15 años y se dedicaba a la producción de circuitos impresos. «Al tener problemas de competitividad reorientamos el rubro de la empresa y salimos a pelear en otro campo, de esto depende el sustento de varias familias. Nos hablan de la necesidad de innovación, de adaptarse a la competencia y ahora hacen esto. Dijeron que había que pedir permiso, lo pedí en tiempo y forma y no me contestaron nunca. ¿Qué es lo que pretenden?». El empresario descartó cualquier perjuicio a los clientes que ya tienen instalada la antena, que estimó en «varios cientos».

«Nadie puede entrar a la casa de nadie a retirar nada. Eso no se va a tocar».