Stirling estudia dos informes que afirman "ilegalidad" de decreto sobre Inteligencia

El ministro del Interior, Guillermo Stirling, estudia la posibilidad de plantear al próximo gobierno del doctor Jorge Batlle modificaciones que perfeccionen el decreto firmado el pasado mes de diciembre por el actual presidente Julio María Sanguinetti, por el cual se crea la Dirección Nacional de Inteligencia, a cargo de las Fuerzas Armadas. Fuentes del gobierno que asume el 1º de marzo confirmaron que el jerarca ministerial recibió en las últimas horas dos informes, uno de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía y otro que se mantiene en reserva, los cuales solicitan la derogación del decreto por considerar que el mismo es «ilegal». Stirling de todos modos tiene la idea de que los servicios de inteligencia del Estado deben estar coordinados, aunque no necesariamente bajo la órbita de los militares. Tras conocerse la aprobación del decreto, LA REPUBLICA anunció que el mismo había provocado cierto malestar en distintos ámbitos. Fue así que desde la Dirección Antidrogas aseguraron que el decreto viola la ley nacional de estupefacientes, que otorga competencia en materia de investigaciones sobre narcotráfico y el relacionamiento con la DEA al Ministerio del Interior. Al mismo tiempo, tanto fuentes de inteligencia policial y de la Dirección Antidrogas consideraban que el decreto había sido impulsado por el Ejército a espaldas de la Armada, la Fuerza Aérea y de las agencias de inteligencia que dependen del Ministerio del Interior.

Según el Decreto, la Dirección General de Información y Defensa (DGID), creada bajo ese nombre durante la dictadura militar, pasará a llamarse Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. El cargo de director nacional, según el texto del decreto, será ejercido por un oficial general de las Fuerzas Armadas y no por un civil.

Viciado de ilegalidad

Por otra parte, el director de la DNII, inspector principal Luis Pereira Saldías, envió el texto de una resolución de su dependencia en el que sostiene que el decreto firmado en diciembre por Sanguinetti «está viciado de ilegalidad».

«Ignora la normativa vigente en lo que refiere a la Ley Orgánica Policial», agrega el documento que firma Pereira Saldías, destacando además que «es confuso», «vulnera los objetivos y el ordenamiento existente en el Sistema Nacional de Información» y «se arroga para sí la competencia sobre terrorismo, narcotráfico y otros temas de seguridad del Estado, ignorando competencias bien definidas para la DNII, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico Ilícito de Drogas y la Dirección Nacional de Prevención del Delito».

Es así que en tal sentido el documento de la DNII alerta sobre ciertos riesgos. Entre ellos que a través de la Dinacie, el Ministerio del Interior quede subordinado al de Defensa. Maneja la hipótesis de que se produzca una situación «de manipulación y de privilegio de la información», advirtiendo también que el nuevo organismo pueda originar «un sesgo de la información para la toma de decisiones del ministro, otras secretarías de Estado o la Presidencia de la República».