El último muerto de la dictadura

A principios de 1984, Uruguay comenzaba a oler la democracia que ya perfumaba a Argentina. La movilización social crecía.

El PIT-CNT realizaba con éxito el primer paro general luego de once años, salía de la cárcel Líber Seregni, volvía del exilio Alfredo Zitarrosa y los rehenes tupamaros habían sido devueltos al Penal de Libertad… Sin embargo, la represión se mantenía viva.

La prensa era censurada. y los periodistas coaccionados, estudiantes del Liceo Militar golpeaban a alumnos del Erwy School y el 13 de abril se registraba una serie de atentados con granadas y balazos contra el director del clausurado «5 Días», Ignacio Lezama, y negocios que avisaron en ese diario.

El 14 de abril, como todos los años desde 1978, la dictadura realizó su acto por el «Día de los caídos en la lucha contra la subversión» y el general Julio César Rapela anunció que, en las elecciones prometidas para noviembre, habría partidos y candidatos proscriptos. Todavía no había comenzado la negociación del Club Naval.

Aquel año, la fecha en que se recordaba la jornada de ejecuciones de la guerrilla y la represalia de los escuadrones de la muerte en 1972, fue conmemorada en la Brigada de Infantería Nº 3 de Salto con la planificación de un particular operativo represivo sobre los habitantes de la localidad de San Javier.

Los ciudadanos, de origen ruso de aquella población ribereña ya habían sufrido una acción similar en 1980, cuando una decena de personas fue detenida, encapuchada y torturada, antes de ser procesada por la justicia militar y recluida por un año en el Penal de Libertad.

En la madrugada del 15 de abril, una unidad encabezada por el capitán Daniel Castellá y el teniente Rodolfo Costa, ingresaron a San Javier para volver a detener a aquellos «rusos». El médico Vladmir Roslik sólo pudo intentar tranquilizar a su mujer María Cristina Zabalkin y su hijo Valoia, cuando entendió que aquella pesadilla se repetía.

Roslik y los otros detenidos fueron trasladados al Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, dependiente de la División de Ejército III que entonces comandaba el ascendente general Hugo Medina. Al día siguiente Mary fue informada de que debía ir a buscar el cadáver de su esposo, muerto por un supuesto paro cardiorespiratorio.

Vladmir Roslik fue el último muerto por torturas de la dictadura uruguaya. Su asesinato denunciado por la prensa alternativa de la época (Aquí, Convicción, Jaque en particular) fue indagado por la justicia militar que sancionó con un traslado a los dos oficiales que lo detuvieron. El impune crimen está aún amparado en la Ley de Caducidad.