Batlle promoverá la derogación del nuevo Código del Proceso Penal

Las fuentes aseguraron que los ministros de la Corte, contrarios a la instrumentación del nuevo proceso penal, ya están en conocimiento de la iniciativa que Batlle piensa enviar en cuanto asuma. «La idea que trasmitió el Presidente para el código es borrón y cuenta nueva», indicó una alta fuente de la corporación.

Batlle sostiene que el código aprobado a comienzos de 1998, pero cuya vigencia fue prorrogada en tres oportunidades, tiene demasiada oposición en ámbitos judiciales y políticos como para entrar en vigencia y mantiene discrepancias filosóficas con el texto.

El mandatario no es partidario del esquema procesal que introduce el nuevo cuerpo de leyes que otorga la instrucción criminal a los fiscales. Las fuentes indicaron que Batlle es partidario de mantener la investigación judicial en manos de los jueces penales para fortalecer la independencia del Poder Judicial.

El CPP aprobado fue redactado por el actual fiscal de Corte, Oscar Peri Valdez, en conjunto con el penalista Amadeo Ottati y contó con un explícito apoyo del presidente Julio María Sanguinetti. Este código introduce un sistema acusatorio atenuado, donde la investigación y la acción penal quedan bajo la competencia de los fiscales, que dependen del Ministerio de Educación y Cultura. El juez mantiene una actividad de contralor del proceso y decide sobre la culpabilidad de los indagados, empero no puede seguir adelante con un juicio que el fiscal ordene archivar, ni puede poner más pena que la que el representante del Ministerio Público establezca.

Oposición

Desde su aprobación, el CPP ha tenido una férrea oposición desde la Suprema Corte de Justicia. Los sucesivos presidentes de la corporación han discrepado con las soluciones técnicas del nuevo código y se han resistido a ponerlo en práctica sin mediar una fuerte inyección de dinero que permita nombrar más jueces penales y adquirir nuevas sedes judiciales.

Esta situación nunca fue resuelta por el ministro de Economía, Luis Mosca. Debido a ello la entrada en vigencia del código se ha postergado en tres oportunidades.

La última de las prórrogas fue votada por la Comisión Permanente un mes atrás y establece que el código debería entrar en vigencia sólo para febrero del año 2001.

El código vigente fue aprobado en 1980 y mantiene divergencias con las convenciones que Uruguay aprobó en materia de derechos humanos.

Es un proceso inquisitivo y secreto y ha sido signado como la razón de la gran cantidad de presos sin condena que pueblan las cárceles. Todos los sectores judiciales sostienen que hay que derogarlo por uno nuevo, pero el proyecto votado ha tenido críticas desde la Suprema Corte hasta los abogados defensores.