La Justicia seguirá buscando a los pilotos del "segundo vuelo"

La acusación del Ministerio Público, en la que solicita 25 años de cárcel para ocho militares y policías por la desaparición forzada de 38 personas en 1976, confirmó la existencia del llamado «segundo vuelo» de Orletti, pero no pudo identificar a los pilotos de aquel avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

La denuncia que sobre ese vuelo realizó LA REPUBLICA en 2002 fue corroborada tres años después por el informe sobre desaparecidos, firmado en 2005 por el aún hoy comandante en jefe de la FAU, brigadier general Enrique Bonelli, que no supo decir a la Justicia quiénes piloteaban aquella nave. Durante la instrucción realizada por la fiscal Mirtha Guianze y el juez Luis Charles, se llegó a interrogar a todos los sospechados de haber piloteado aquel Vuelo 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), pero no se pudo confirmar la identidad de la tripulación, que no surge de documentos oficiales. La fiscalía dio por plenamente probada la existencia de aquel vuelo ilegal del 5 de octubre de 1976 en que se trasladó a Montevideo a 22 personas que habían sido secuestradas en Buenos Aires en setiembre y octubre de aquel año y torturadas en el centro de represión clandestina llamado Automotores Orletti.

Ese segundo vuelo, realizado bajo la coordinación del Servicio de Información y Defensa (SID) y cuyos pasajeros fueron entregados al Ejército, según el informe de la Fuerza Aérea, todavía no ha sido formalmente reconocido por la fuerza militar de tierra, que tampoco tiene registro de los detenidos, según dice.

 

Ellos, no saben

La identificación de los pilotos de aquel vuelo tiene particular trascendencia en la medida en que son sólo ellos los que pueden decir quién les entregó el grupo de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Newbery y a quién se lo dieron al aterrizar en la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento del Aeropuerto de Carrasco. La responsabilidad de los pilotos del «Vuelo 511″ no sería menor cuando parece evidente que la Fuera Aérea ha encubierto sus identidades y no aparecen los registros del avión (quemados en un incendio del Museo Aeronáutico) ni de los mecánicos de la base, donde constan todos los datos. El propio Bonelli terminó por reconocer que él mismo había sido uno de los pilotos del llamado «primer vuelo» de Orletti en el que, en julio de 1976, otros 23 uruguayos, secuestrados en Argentina, fueron traídos a Montevideo y, luego de tres meses, desaparecidos, «blanqueados» en un falso operativo de detención.

Sin embargo, el comandante de la Fuerza Aérea no pudo decir si su antecesor en el cargo, el brigadier (r) José Pedro Malaquín, no había sido uno de los tripulantes, junto a los oficiales Walter Pintos y Mario Muñoz, como aseguró a LA REPUBLICA un testigo del arribo del vuelo aquella madrugada de octubre. Malaquín no pudo recordar si había traído un vuelo con 22 personas encapuchadas desde Buenos Aires. Tampoco tuvieron memoria Pintos (que aparece con otro vuelo esa tarde) ni Muñoz, al igual que el jefe de operaciones Walter Crossa y el encargado de la brigada Walter Dopazzo. El pacto de hermandad en la Fuerza Aérea no llegó a alcanzar al coronel (av) José Uruguay Araújo Umpiérrez, quien entonces era director adjunto por la FAU en el SID, y ya había sido arrestado con prisión administrativa ante una solicitud de extradición de la Justicia argentina que indaga el mismo tema. El Ministerio Público decidió abrir una instrucción aparte en el caso de Araújo Umpiérrez (un reconocido represor apodado «paleta quemada»), quien sería finalmente acusado por el traslado del «segundo vuelo» y podría seguir posponiendo su extradición a la Justicia federal argentina. Araújo Umpiérrez no pudo eludir la acusación en la medida en que el propio Bonelli había indicado que las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado de los prisioneros estaban a cargo del SID, en el que el representante de la aviación actuaba, precisamente, sobre la infraestructura operativa.