La historia oficial se desmorona: secuestraron, mataron y robaron

El histórico pedido de condena que contra ocho militares y policías realizó la fiscal penal de 2º Turno, Mirtha Guianze, comprueba la coordinación del «Plan Cóndor», como los traslados ilegales y la desaparición en 1976 de las víctimas del «segundo vuelo», denunciado por LA REPUBLICA en 2002.

José Nino Gavazzo, Ricardo Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez (con 25 años de penitenciaría), y Luis Maurente, Ricardo Medina y José Sande (con 20 años de cárcel), son acusados como «coautores responsables de los delitos de desaparición forzada» sobre 28 uruguayos. La fiscal considera probado que ese grupo de militares viajó a Argentina y operó en coordinación con efectivos del vecino país en el centro clandestino «Automotores Orletti» donde se torturó, extorsionó y robó a medio centenar de uruguayos vinculados al PVP, secuestrados en Buenos Aries en 1976. Los operativos se realizaron a partir de la detención en Colonia de tres militantes del PVP, continuaron en abril y junio, se profundizaron en julio, con una captura masiva de personas que fueron traídas en un «primer vuelo» a Montevideo ese mes, y cerraron con otra operación generalizada en setiembre y octubre de ese año, de la que trajeron un «segundo vuelo». Guianze también decidió abrir nuevos procesos contra el canciller Juan Carlos Blanco, contra el coronel aviador José Uruguay Araújo Umpiérrez y el soldado Ernesto Soca (ambos detenidos para su extradición a Argentina), y aguardará definición sobre el coronel Manuel Cordero, detenido en Brasil.

 

La conclusión

«Todos los funcionarios uruguayos que operaban en la República Argentina, y concretamente para este caso, tenían la condición de militares o policías. Su actuación era conocida por sus superiores, a los que estaban subordinados. El Servicio de Información de Defensa (SID) dependía de la Junta de Comandantes en Jefe y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) del Ministerio de Defensa Nacional, a través de la respectiva Región Militar. La Región Militar Nº 1, a la que pertenecían los efectivos que actuaron en la especie, comprendía los departamentos de Montevideo y Canelones.

Tácitamente, entonces, debe entenderse que las órdenes recibidas para el cumplimiento de los objetivos perseguidos, los habilitaban para practicar secuestros, (que no otra cosa suponía la detención irregular de civiles), la utilización de centros de detención clandestinos, la ocupación de dinero y bienes en provecho propio o de terceros, la aplicación sistemática de los más crueles tormentos, la privación de libertad en condiciones infrahumanas por término indefinido, la apropiación de niños, entregados a terceros, a los que se sustituyó la identidad y permanecieron en poder de argentinos, o de uruguayos en un caso, durante años, hasta que se pudo hallarlos.

Y que la estructura del gobierno de facto les brindaba la infraestructura y la cobertura necesarias para la ejecución de tales actos, dentro y fuera del país. Esto se pone de relieve analizando los legajos de los encausados: las operaciones que se cumplían en Argentina no se registran en ellos como Misiones Oficiales, no hay constancia de los viajes en ningún caso, más allá de anotaciones de mérito por acciones en la lucha contra la subversión», dice la acusación de Guianze.

 

Las pruebas

Aunque los encausados ensayaron negativas a las acusaciones a lo largo del proceso iniciado el 11 de setiembre de 2006, el expediente instruido por el juez penal de 19º Turno, Luis Charles, permitió acumular una abundante serie de pruebas en las que ahora se basa la fiscal Guianze para acusarlos. Además de los testimonios de los sobrevivientes del primer vuelo de Orletti, se incluyeron las declaraciones de otras personas que colaboraron con la represión, así como documentación de archivos desclasificados en Estados Unidos que mencionan el robo de dinero.

A la fundamental confirmación del segundo vuelo por parte del informe oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) y la investigación sobre desaparecidos de la Presidencia de la República, también se sumaron los legajos de los propios acusados, que se constituyeron en pruebas determinantes.

La instrucción judicial confirmó la extensa investigación realizada por LA REPUBLICA, que tras la aparición del niño Simón Riquelo, denunció el segundo vuelo, confirmó la existencia de la Base Valparaíso, señaló el reparto de un botín de guerra y señaló a los responsables del crimen.

Las pruebas obtenidas, que confirman la extorsión, la entrega de niños y la adquisición de propiedades, demuestran que en el marco del «segundo vuelo» trajeron a Uruguay a María Claudia García de Gelman y los niños Anatole y Victoria Julien. Casos que estudia la Justicia.

En el pedido de condena para los violadores a los derechos humanos, la fiscal Guianze solicita la apertura de un expediente sobre la desaparición de Washington Barrios en 1974, lo que posibilitaría esclarecer los verdaderos orígenes de la coordinación represiva en la región.