Zelmar Michelini (h). El hijo mayor del ex legislador asesinado llamó a eliminar el "último vestigio de la dictadura"

"No anular la Ley de Caducidad, será un fracaso del Frente Amplio"

El hijo del senador frenteamplista asesinado en Buenos Aires en mayo de 1976, dijo que nuestro país ha logrado avances en materia de derechos humanos, pero llegó la hora de «acabar con la impunidad».

Michelini apoya activamente a la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, desde su lugar de residencia en París. Ahora se encuentra en Montevideo, colaborando con una nueva etapa de la recolección de firmas, en la que se procurará obtener en los próximos meses alrededor de 300 mil adhesiones.

Zelmar Michelini (hijo) vive desde agosto de 1976 en la capital francesa, adonde regresará a mediados de agosto. El siguiente es el resumen del diálogo que mantuvo con LA REPUBLICA, en un bar ubicado en la esquina de 25 de Mayo y Misiones.

 

­Considera que nuestro país ha registrado avances para aclarar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.

­Creo que se ha avanzado muchísimo. Si se comparan los recortes de prensa de mediados de los años 90 con lo que pasa hoy, el camino recorrido es impresionante. Se ha logrado enjuiciar a militares y civiles responsables de la dictadura, se han encontrado cuerpos de desaparecidos y se han podido esclarecer muchos hechos de la represión. En otros ámbitos más institucionales, el Presidente de la República ha abierto los cuarteles, ha dado curso a la Justicia, la Intendencia Municipal de Montevideo abrió el Museo de la Memoria, es decir, se han logrado muchas cosas importantes.

El otro aspecto destacable es el eco que tiene nuestra lucha. En los años 90 las iniciativas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos eran hechos aislados, diría que eran recibidas casi con indiferencia, incluidos amplios sectores de la izquierda. Hoy existe voluntad mayoritaria en el país para seguir adelante y creo que existe un solo escollo que es la Ley de Caducidad.

 

­¿Por qué es un escollo?

­La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado es el último vestigio de la dictadura militar. Es lo último que queda en pie de la simbología sanguinettista. Por eso estamos abocados a la campaña por la anulación. Yo hubiera preferido que se hiciera por la vía parlamentaria, porque el Frente Amplio dispone de mayoría absoluta y hubiera correspondido. En primer lugar, porque es una ley inmoral, inconstitucional e impuesta por presión militar. En segundo lugar, porque sería para el Parlamento una forma de redimirse, ya que fue el propio Parlamento el que votó esta ley en 1986, bajo presión militar. Esto lo expresó claramente Wilson Ferreira Aldunate tres días después de votada, cuando dijo en un acto público en el Interior que si no se aprobaba había golpe de Estado.

Como no se dio la anulación por la vía parlamentaria, ahora estamos abocados a la recolección de firmas para habilitar un referéndum que permita la anulación. Estamos en una situación en la cual hay que salir a juntar las firmas y, fundamentalmente, esperando que de una vez por todas el Frente Amplio se sume decididamente y asuma claramente la tarea de recolección. El Frente Amplio tiene que hacer suya la causa de la anulación de la Ley de Caducidad, de la justicia, de la verdad y de la defensa de los derechos humanos, que es una causa que está en sintonía con lo que es su propia tradición y por la que nació el FA, que se creó para luchar contra los atropellos de Pacheco y Bordaberry. Así que soy optimista de que se van a sumar y que los intendentes frenteamplistas van a hacer conocer su voluntad y de esta forma se pueda avanzar.

 

­¿Cuál es el camino para avanzar en la recolección?

­Hoy tenemos 100 mil firmas recolectadas y verificadas, con poco descarte. Hay un trabajo magnífico de la Coordinadora Nacional, llevado adelante con mucho esfuerzo y pocos recursos. Pero se necesitan 300 mil firmas y tenemos 9 meses para el vencimiento. Así que si empezamos ahora, hay que juntar unas 1.300 firmas por día, para dar lugar al referéndum. Pero lo importante es que el Frente Amplio se meta en la campaña y se comprometa definitivamente.

 

­¿Por qué es tan importante el aporte del FA?

­Es fundamental por dos razones. En primer lugar, porque se necesita su esfuerzo militante para conseguir las adhesiones. Y en segundo lugar, si las firmas no se consiguen va a ser responsabilidad del Frente Amplio y va a ser un fracaso político muy serio para la fuerza, incluso con consecuencias electorales muy negativas. Entonces, lo mejor es que todos sus dirigentes, parlamentarios e intendentes se pongan al hombro esta causa y hagan el esfuerzo necesario para conseguir las firmas.

 

­Pero el presidente Vázquez no está de acuerdo con la anulación…

­El Presidente es presidente, no es rey ni emperador. El dirige una fuerza política con distintas tendencias y ya ha habido otras circunstancias donde el presidente tenía una voluntad y la fuerza política y los parlamentarios tenían otra. Y él tuvo que dejar de lado iniciativas o tuvo que llegar a un punto de acuerdo. Tenemos como ejemplo el proyecto de ley de reproducción sexual, que tiene media sanción parlamentaria y en lo relativo a la despenalización del aborto tiene la opinión contraria del Presidente. También ha pasado con el TLC, el TIFA y otros asuntos.

En definitiva, yo pienso que anular la ley es muy importante para el país, para el Frente Amplio y para el presidente Tabaré Vázquez. Se me puede decir que con la ley se han logrado avances y están presos el «Goyo» Alvarez y Bordaberry, pero entiendo que a todos esos logros se le puede agregar que con este gobierno se acabó la impunidad. Sería un gran logro que durante su mandato se lave el nombre de Uruguay, que el país se saque esa mancha que se llama impunidad, que se llama Ley de Caducidad. Sobran razones morales, jurídicas y políticas para la anulación. Si el FA no hace lo necesario para lograr este objetivo, estará en falta con su propia tradición y sus principios fundacionales. No puede haber en el orden jurídico del país una ley que proteja a los militares que violaron presas políticas, que torturaron y ejecutaron a los detenidos, que secuestraron niños y que practicaron la desaparición forzada.

 

­Recién mencionaba la prisión de Alvarez y Bordaberry. ¿Qué sentimiento le provoca que ellos estén encarcelados, así como otros militares?

­Me alegro que el gobierno se atribuya esos encarcelamientos como resultado de su política de derechos humanos. Más allá de que todas esas causas fueron iniciadas por las organizaciones y por los familiares. A mí me han llegado ecos de la reacción popular y de los festejos que ha habido cuando se ha hecho justicia; eso es muy importante. Pero no hay que olvidar que con esa ley estamos protegiendo a los asesinos de María Claudia García de Gelman, un caso que en su momento fue archivado por el fiscal Möller invocando esta ley, aunque ahora se está investigando nuevamente por iniciativa de Macarena Gelman y la autorización del Poder Ejecutivo. Pero insisto con la anulación de la ley, porque desde el punto de vista moral y político le haría mucho bien al país. Además, la Organización de Estados Americanos (OEA) está pidiendo la anulación, porque viola pactos internacionales firmados por el país.

 

­¿Qué le diría a los ciudadanos para exhortarlos a firmar?

­En primer lugar, que lo hagan por la memoria de las víctimas de la dictadura y por la dignidad del país. En segundo lugar, que firmen para que todos los ciudadanos seamos iguales ante la ley y los autores de crímenes de lesa humanidad puedan ser juzgados.

 

MESAS PERMANENTES

A partir del 4 de agosto se intensificará la campaña de recolección de firmas con la instalación de mesas permanentes a lo largo de toda la Avenida 18 de Julio. Estar
án habilitadas todos los días y con un extenso horario.

El integrante de la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, Luis Puig, dijo a LA REPUBLICA que a partir de ese día se dará un nuevo impulso a la recolección, fortaleciendo la tarea con la incorporación de un mayor número de brigadistas y la posibilidad de que todos los ciudadanos que tengan voluntad de adhesión, puedan acceder fácilmente a los lugares habilitados para firmar.

 

Recursos desde la rue Ter Voltaire, número 21

Zelmar Michelini (h) vive en París, Francia, desde agosto de 1976, adonde se trasladó pocas semanas después del asesinato de su padre en Buenos Aires. A mediados de la década del 90 participó activamente en la creación de la asociación «¿Dónde están?», integrada por ciudadanos uruguayos y franceses, que tiene como principal objetivo brindar solidaridad a los familiares de los desaparecidos y a las víctimas de la dictadura.

Actualmente la organización está abocada al apoyo permanente a la Coordinadora por la Anulación de la Ley de Caducidad, tanto con aporte económico como en la búsqueda de contactos internacionales para explicar nuestra realidad.

«Una vez que se consigan las firmas, seguramente me instalaré durante varios meses en el país para participar en la campaña por el referéndum, procurando que en noviembre del año que viene se logren los votos necesarios para la anulación», dijo Michelini.

Todos los viernes la asociación «¿Dónde están?» organiza una parrillada en París, en la rue Ter Voltaire, número 21, donde confluyen europeos y latinoamericanos que apoyan esta causa. Los beneficios económicos obtenidos se vuelcan a la Coordinadora Nacional.

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