Pedirán excarcelaciones tras liberación del narco en Brasil

La defensa del empresario uruguayo José Luis Suárez, procesado en Uruguay por «lavado de dinero poveniente del narcotráfico», solicitará «su libertad» tras conocerse la resolución del STF de Brasil que dictaminó la excarcelación del colombiano Alexander Pareja García.

El fallo del STF «es un elemento categórico y definitivo para los procesados» en la denominada «Operación Campanita», porque la Justicia los procesó por «una responsabilidad en cascada», confirmó el abogado Carlos Curbelo Tammaro a LA REPUBLICA.

Por tanto, «obvio es decir que, cuando tenga legalizado y traducido en forma ese documento, lo voy a incorporar al expediente, al igual que otros abogados, porque a la corta o a la larga no puede haber condena, sino absolución» de los procesados por «lavado», señaló el abogado.

El STF concluyó que «el origen de los bienes de Pareja García nada tiene que ver con el tráfico de drogas». Pareja era un hombre «muy pudiente» cuya familia «tenía haciendas, inmuebles y algunas fábricas» y tras ser secuestrado por «las FARC o algún otro grupo terrorista» y que se pagara su rescate, «se instaló en Brasil», señaló Curbelo.

Suárez y Pareja García «se conocieron en Punta del Este. Allí se entabló una corriente de amistad. El hombre comenzó a invertir en Uruguay y Suárez tomó algunos préstamos con los cuales hizo inversiones inmobiliarias», pero la Justicia brasilera comprobó que no era dinero ilegal, señaló. Si el dinero de Pareja era legal, por tanto, «la responsabilidad en cascada» indicaría que los procesados en Uruguay no serían responsables de nada, explicó Curbelo.

La brigada de narcóticos detectó «movimientos de dinero», y comenzó «un seguimiento de la gente que recibía esas partidas. El origen de las partidas era en muchos casos Pareja. A raíz de esto se instaló un sistema de grabaciones telefónicas por los cuales se empezaron a analizar llamadas cruzadas», explicó.

La «Operación Campanita», sin embargo, «acopló, a mi juicio, indebidamente, una droga, que se encontró efectivamente en una casa de Montevideo, con una serie de personas que hacían negocios con Alexander Pareja García. Ese acople le permitió tener un mayor impacto a nivel mediático y judicial», señaló. La excarcelación de Pareja García y la devolución «de los bienes confiscados porque no había un plexo probatorio que permitiera su condena» implicará por tanto que «los procesos en Uruguay van a tener que terminar con la absolución o con la responsabilidad del Estado», dijo Curbelo Tammaro.

El juicio contra el Estado se produciría al amparo del artículo 4 de la ley 15.859. «Quien haya sufrido prisión preventiva en un proceso penal sin haber sido en definitiva condenado (…) tendrá derecho a recibir del Estado la indemnización en dinero por los perjuicios materiales y morales que dicha prisión preventiva, o el exceso de ella, le hubieren causado», dice.

Las acciones indemnizatorias «se sustanciarán con el fiscal de Hacienda» y el Estado «podrá repetir lo pagado contra los terceros declarados responsables del perjuicio causado», dice la ley. Los «terceros» serían los jerarcas o jueces actuantes en la prisión preventiva ilegítima del sujeto.