Rechazo: empresarios en pie de guerra por ley sobre ocupaciones

Mientras el Poder Ejecutivo espera que todos los ministros firmen el proyecto de ley que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo, para luego enviarlo al Parlamento a los efectos de su aprobación, desde el sector empresarial ya se levantan voces de rechazo a la iniciativa legal.

El responsable del área de Relaciones Laborales de la Cámara de Comercio, Juan Mailhos, dijo a LA REPUBLICA que «el sector está sorprendido con el anuncio del Poder Ejecutivo, porque el proyecto de ley lo único que hace es legitimar las ocupaciones de los lugares de trabajo, algo que para las cámaras empresariales es inconstitucional».

Mailhos agregó que para la Cámara de Comercio «el camino a transitar es el restablecimiento del decreto Nº 512, del año 1966, porque es el único instrumento legal que está en sintonía con el pensamiento del sector empresarial», explicó.

En este marco, según confirmó Mailhos, «el ministro Bonomi vendrá mañana (por hoy) a la Cámara de Comercio para hablar, seguramente de este tema».

Entretanto, el PIT-CNT analizará recién hoy el proyecto de ley en la sesión del Secretariado Ejecutivo. No obstante, a título personal, el secretario de Negociación Colectiva de la central obrera, Milton Castellano, dijo a LA REPUBLICA que «en principio no sería conveniente que el análisis del proyecto de ley sobre ocupaciones se mezclara con el inicio de la ronda de Consejos de Salarios».

En tal sentido, Castellano sostuvo que a su juicio «el tratamiento parlamentario para este tema, debería de iniciarse una vez concluida la ronda de negociación colectiva para no entorpecer su desarrollo».

Sobre el contenido del proyecto, el sindicalista rescató que «contiene el principio de que la ocupación es una modalidad del derecho de huelga y eso es positivo».

La iniciativa del Poder Ejecutivo fue presentada ayer por el ministro de Trabajo al resto de sus colegas, durante el Consejo de Ministros.

Entre otras cosas, el proyecto establece que en caso de que un empresario resuelva presentar una denuncia ante la Justicia laboral, el juez que entienda en la causa, tendrá un plazo máximo de 3 días para pedir un informe del propio Ministerio de Trabajo e iniciar una ronda de contactos con la patronal y los trabajadores a los efectos de destrabar el conflicto.

Según Bonomi, el informe de su cartera tendrá que ver con «cómo se produjo el conflicto, si hubo negociación previa, si participó el Ministerio de Trabajo y si tiene alguna salida encauzada».

Bonomi agregó que, en estos casos, «no se vincula la opinión del Ministerio de Trabajo, con la resolución del Juez, puesto que el magistrado resolverá según lo que él crea conveniente».

El secretario de Estado también señaló en conferencia de prensa que «no es bueno presentar un proyecto de ley golpeado por un problema, como pasó en el 2006, con nuestro propio proyecto o con los proyectos que presentaron otros legisladores. Sino que más bien vale la pena dejar decantar y estudiarlo más en frío y no en caliente. Es lo que ha sucedido ahora», observó.

En cuanto a las críticas empresariales, Bonomi explicó: «La semana pasada, 24 presidentes de cámaras tuvieron una reunión conmigo en la que me señalaban que ellos no compartían que se radicara la denuncia en un Juzgado de trabajo porque entendían que era un delito contra la propiedad y debía radicarse en un Juzgado civil». Acto seguido, el ministro recordó: «El doctor Tabaré Vázquez, cuando anunció que iba a suspender el decreto, también anunció que los trabajadores tienen derecho a la huelga y que la ocupación forma parte de la huelga, por lo tanto es un problema de trabajo», concluyó.

«El decreto tan cuestionado (por las cámaras empresariales) llevó a que se encauzara la situación. Por eso hoy el problema no existe. Pero si nos quedamos sin instrumentos, podemos volver a tener el problema. Y no queremos solucionar puntualmente cada problema. Sino, que no se produzcan esos problemas. Para eso es necesario un instrumento», explicó Bonomi.