España agrega una gota más al vaso: incentivos para repatriación

El gobierno español ofrecerá incentivos económicos para repatriar a cerca de un millón de inmigrantes en situación regular que se encuentren en «paro laboral», según informó ayer El País de Madrid. Según el último censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) español, 46.069 uruguayos residen legalmente en España y otros 3.000 se encontrarían indocumentados.

La «oferta» que impulsa el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, indica que los extranjeros que acepten volver a sus países podrán cobrar todos los subsidios de desempleo que hayan acumulado en sólo dos pagos: uno del 40% y otro del 60% del total, indica el matutino.

Sin embargo, los inmigrantes «deberán renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo» y comprometerse a no volver a España en los tres años siguientes como mínimo. Pasado ese plazo pueden solicitar su «retorno», aunque la administración se reserva el derecho de aceptar o no la solicitud.

El ministro de Trabajo encargó además a la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración que mantenga contactos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como con entidades financieras, para que «los repatriados» reciban asistencia financiera en sus países. Esto es, que se les brinde asesoramiento y ayudas, en forma de microcréditos, para impulsar allí sus propios negocios, indica El País de Madrid.

Corbacho explicó que «tal vez 10.000 euros no sean en España suficiente dinero para montar una empresa, pero en países como Marruecos pueden dar mucho de sí. No tratamos de coger a una persona en paro y mandarla a su país sin más. Queremos preservar sus derechos y darle dos oportunidades: la de establecerse en su tierra y la de volver a España en el futuro».

El plan de repatriación de inmigrantes pretende ser aplicado antes de julio, por lo que Corbacho ya informó del proyecto al presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, presentará un informe ante el Consejo de Ministros y antes de fines de julio los grupos parlamentarios tendrán acceso al borrador del «decreto de retorno», que constará probablemente de artículo único y dos disposiciones adicionales.

La intención es que los inmigrantes «vean» el decreto como «una oportunidad de desarrollo y de generación de riqueza», indicó Corbacho al matutino español.

Los trámites para el cobro del incentivo estarán a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal, aunque aún resta definir cuál de los dos «subsidios» será entregado antes de su salida de España y cuál a su llegada al país de origen. El ministro impulsor de la medida estima que el decreto afectará a más de un millón de extranjeros, o sea, a la mitad de los 2,2 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en España.

Los inmigrantes legales en «seguro de paro» rondan los 165.000, por lo que el ministro de gobierno entiende que de acogerse a la oferta el beneficiario retornará a su país junto a sus familiares que también poseen permiso de residencia.

En tanto, el Parlamento de la Unión Europea se dispone a votar el próximo miércoles el texto definitivo sobre la expulsión de inmigrantes en situación irregular, que prevé, entre otras cosas, que los ilegales puedan ser detenidos un máximo de seis meses antes de su expulsión. Este período puede ampliarse doce meses más en caso de que la persona no coopere en su identificación o haya problemas para obtener la documentación de terceros países. La norma establece un período de retorno voluntario para los inmigrantes ilegales de entre 7 y 30 días. Los expulsados tendrán una prohibición de hasta cinco años para retornar a la UE.