US$ 105 millones de dólares.

Finalmente, ayer se firmó el acta en la Dirección General Impositiva notificando al abogado del contratista Francisco «Paco» Casal el monto de la demanda: 105 millones de dólares. Para tener una idea de la magnitud sideral de la cifra, bastaría mencionar que supera a lo que costó la construcción de la hipermoderna Torre de las Comunicaciones, de Antel.

La crucial instancia administrativa implica un agravamiento significativo del largo contencioso fiscal que mantiene el empresario con la DGI, cuyas autoridades investigan a Casal en el pago de impuestos por concepto de transferencias de futbolistas al exterior. El pasado 2 de abril, a pedido de la dependencia que preside el Cdor. Nelson Hernández, director de la DGI, la jueza Civil de 1er. Turno, Loreley Opertti, procedió al embargo de créditos contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), todos los clubes y el empresario Francisco Casal por un monto aproximado a 561 millones de pesos (unos 25 millones de dólares, aproximadamente), según expresó el director de la DGI, Nelson Hernández.

El director del fisco aseguró que existe «una notificación a un club deportivo de una resolución judicial que accede al embargo genérico de bienes, es decir que concuerda con la DGI en que existe riesgo para la administración en el cobro de los tributos».

La jueza determinó «un embargo sobre los créditos» de un club, por lo que se comunica «al deudor que no puede pagarle al acreedor», y en este caso «el acreedor del club es el empresario», ya que el embargo se adopta «sobre los créditos ciertos o probables». La demanda de la DGI contra los bienes del empresario «refiere a la aplicación del Impuesto a la Renta de Industria y Comercio (IRIC) en su mayor parte» y corresponde a adeudos originados antes de la implementación de la reforma tributaria, que entró en vigencia el 1º de julio de 2007.

La medida cautelar es «un procedimiento que la DGI aplica con generalidad, en todos los casos por deuda de tributos en los que entienda que hay riesgo de cobro», pero el tema adoptó «una trascendencia pública no buscada por el organismo», expresó entonces el Cdor. Hernández.