Tabaré Vázquez rechazó negociaciones bipartitas "No es así en el mundo. Tampoco lo es en Uruguay".

El presidente de la República, Tabaré Vázquez, rechazó de plano la propuesta de los empresarios referida a que las negociaciones colectivas deben ser bipartitas y defendió la participación del Estado en las mismas, aunque por otro lado, manifestó su “disposición” a eliminar los artículos sobre relaciones laborales y ocupaciones de los lugares de trabajo del proyecto de ley que se encuentra a estudio del Parlamento.

Vázquez respondió por escrito a un planteo que el 27 de mayo le realizaron las 24 cámaras empresariales e industriales, bajo un documento titulado: “Principios básicos para el establecimiento de un sistema de relaciones laborales”. La respuesta, con fecha 9 de junio, fue publicada ayer en la página web de Presidencia, y entregada el lunes a los empresarios.

El mandatario dedica gran parte de su respuesta a argumentar a favor de las relaciones laborales y la gobernabilidad.

Precisamente uno de los reclamos de los empresarios es que la negociación colectiva “debe ser bipartita”, además de “libre y voluntaria”.

“Diferenciar gobierno de cogobierno, éste último inexistente en el país, es sustancial, al igual que el diálogo, sustento esencial del tripartismo. Los Consejos de Salarios, la negociación colectiva, la seguridad e higiene en el trabajo y la seguridad social son pruebas muy elocuentes”, remarca Vázquez en su misiva a los empresarios. A la vez subraya que “no se considera que las relaciones de trabajo se circunscriban a la relación bipartita trabajador-empleador. No es así en el mundo. Tampoco lo es en Uruguay”.

En cuanto al derecho de propiedad y libertad de comercio, el mandatario responde que el ordenamiento positivo, constitucional y legal, los consagra, al igual que el derecho de apropiación de los frutos de la actividad empresarial, de organizar y dirigir la empresa, y los mecanismos concretos para su ejercicio y defensa. Sobre los planteos de libertad sindical se remite a lo establecido en la Constitución y al convenio de la OIT, que forma parte del ordenamiento jurídico positivo.

En cuanto al planteo de prevención de conflictos y ocupaciones, aspectos en los cuales los empresarios consideran que debe “establecerse expresamente la ilicitud de la ocupación y consagrarse la desocupación inmediata y sin más trámite por parte de la fuerza pública”, el mandatario asegura que ambos temas “están incluidos en uno de los capítulos del proyecto enviado al Parlamento y que el gobierno expresa su disposición para su eliminación”.